Schiaretti se une a los radicales para presionar a Massa por más fondos al transporte

La senadora Vigo, esposa del gobernador, y Cornejo piden la creación de un boleto federal y buscan respaldo de los gobernadores. Ya hubo guiños del PRO.

A días de un nuevo paro nacional que podría iniciar UTA en todo el interior del país por lo trabada que viene la paritaria, los senadores de la oposición, la peronista Alejandra Vigo y el radical Alfredo Cornejo, presentaron un proyecto para discutir la creación de un boleto federal. Y, además, volvieron a poner en debate el reparte de fondos al transporte; cuánto queda en Amba y cuánto llega a las provincias.

Iniciativa a la que también se sumó la integrante del PRO en Tucumán, Beatriz Ávila, y para la que buscan el respaldo de los gobernadores en el Senado.

De acuerdo con lo que pudo saber LPO, el proyecto puso en el foco el reparto de los fondos que se generan por lo acumulado a través del impuesto a los combustibles líquidos. "El impuesto se cobra en todo el país, pero el 85% de los subsidios que se generan con esos recursos quedan para el transporte en el Amba", confió a este medio un diputado del schiarettismo que sigue los pasos de la iniciativa.

Y agregó al reclamo: "si nosotros cargamos combustibles en todo el país, se deberían repartir esos fondos de manera más equitativa. Además, con la creación de una ley que contemple cantidad de unidades que prestan el servicio, los usuarios de cada sistema y el recorrido que hace cada línea. Porque no es lo mismo el ejido de Caba que el de Córdoba; el recorrido de un colectivo es mayor en Córdoba, Mendoza o en Rosario".

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Este punto, la distancia que recorre una unidad en territorio porteño comparado con el interior, es otra de las discusiones y los interrogantes que se abren a la hora de pensar en si habrá o no respaldo del PRO a la iniciativa. Y los impulsores del proyecto sostienen "que sí, porque esto afecta a ciudades de la provincia de Buenos Aires, como Mar del Plata o Bahía Blanca", dos distritos gobernados por el partido amarillo.

De hecho, tanto con el marplatense Guillermo Montenegro, como con el bahiense Héctor Gay, las conversaciones por este tema en una mini liga de intendentes que integra el cordobés Martín Llaryora empezaron hace más de un año.

Sin embargo, nadie desconoce que el impulso se produce, no sólo a días de un paro que está anunciado por 72 horas para la semana próxima, sino también a horas del pedido de los 17 gobernadores del PJ a la Corte Suprema para que no falle a favor de Horacio Rodríguez Larreta en la discusión por el traspaso de la Policía Federal.

Y aquí hay dos datos: el primero, es que el único gobernador peronista que no firmó ese pedido fue el cordobés Juan Schiaretti; el segundo, es que ese mismo día, el mandatario provincial se reencontró con el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado' de Pedro en La Rioja. En un acto por el corredor bioceánico del que también participó el jefe de Gabinete, el tucumano Juan Manzur.

Volviendo al proyecto del boleto federal, en el peronismo de Córdoba reconocen que no es fácil que pase el escollo del Senado. Aunque no subestiman el peso de los gobernadores y el respaldo que ya obtuvieron de la santafesina Carolina Losada y del correntino Carlos Espínola. "Se puede sumar Santa Cruz que hoy planteó que reclama lo mismo, pero para el transporte interurbano", reconocieron del peronismo cordobés.

En tanto, una vez que arranque el debate en la Cámara alta, habrá impacto en Diputados. Y allí, quienes lo impulsan son el radical Lisandro Nieri, quien fue ministro de Cornejo en Mendoza; y el peronista Ignacio García Aresca, hombre de extrema confianza del cordobés Llaryora.

Esa discusión, la que puede darse en la Cámara baja, concentra la atención por los movimientos del presidente del cuerpo, Sergio Massa, el hombre a quien responde el ministro de Transporte de la Nación, Alexis Guerrera. Y no es un aspecto más para el peronismo de Córdoba, sobre todo después de que la propia Vigo -esposa de Schiaretti- también salió a cuestionar los 37 mil millones de pesos que autorizaron desde el ministerio de Economía a Aysa, el organismo controlado por Malena Galmarini.