No hubo acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos para modificar la ley alquileres
Tras más de de 40 días de debate, no fue posible un acuerdo en la Comisión de Legislación General de Diputados para modificar la ley de alquileres: el Frente de Todos firmó un dictamen con el grueso de la norma vigente e incentivos fiscales para los propietarios que sumen oferta, mientras que en la oposición propusieron volver a contratos de 2 años y eliminar el método de actualización, que combina la variación de salarios y de inflación.
Pero tampoco entre los no oficialistas hubo consenso, porque el rionegrino Agustín Domingo, habitual aliado del Gobierno, firmó un dictamen con el interbloque federal, representado en Graciela Camaño, que habilita subas escalonadas en cualquier momento del contrato pero nunca mayores a la evolución de precios. En Juntos proponen que no haya límites a los incrementos, con los índices oficiales como una opción más entre las partes.
Así las cosas, nadie tiene mayoría para imponerse en el recinto y la negociación está trabada, después de cuatro plenarios y 143 expositores. Ni siquiera hay fecha para una sesión y será difícil que sea convocada sin certezas de una mayoría, por ser un tema sensible que se coló en la campaña electoral pero no parece de fácil resolución puertas adentro del Congreso.
La interna del oficialismo complica una nueva ley de alquileres
"Tras distintas audiencias informativas llegamos a un punto en común: que no hay que derogar la ley, porque tiene cosas positivas. Entonces coincidimos en que lo mejor era trabajar sobre los artículos que producen una sensibilidad particular y sobre los cuales hay una demanda social que nos pide que lo resolvamos", recordó la radical Karina Banfi.
"Pero hablan de poner topes y ese mercado que algunos dicen combatir puede ser un propietario jubilado que ahorró toda su vida, que es de clase media, que se compró un departamento y lo pone en alquiler", se lamentó. Fueron más de 3 horas de exposiciones de los diputados con proyectos presentados sobre el tema, coordinados por la presidente de la comisión, la oficialista Cecilia Moreau.
Banfi logró consensuar un acuerdo en Juntos por el Cambio, donde convivían las posturas de modificar la ley con la de derogarla, un pedido que hizo Mauricio Macri en twitter. Una reunión entre referentes del mercado y los diputados de este interbloque había volcado la balanza a favor de los primeros antes de la primera sesión de comisión para debatir una ley.
El "fracaso de la ley de alquileres" fue uno de los slogans de la campaña electoral de la ciudad María Eugenia Vidal y Martín Tetaz. La ex gobernadora nunca habló en los plenarios y el economista lo hizo este miércoles para lamentarse no haber podido avanzar en la derogación. "El mercado de alquileres es de los menos monopólicos que existen".
El dictamen de Juntos sostiene beneficios de la ley vigente para el inquilino, como el menú de garantías, pero retorna el contrato a 2 años (el actual es 3) y permite incorporar cualquier "mecanismo de actualización", con posibilidad de revisiones semestrales.
Karina Banfi.
Mantiene la obligación de registrar los contratos de alquiler, pero aclara que su incumplimiento no "obstará el ejercicio por parte del locador de cualquiera de los derechos y/o acciones que deriven del contrato de locación". La idea, explicaron sus redactores, es que la AFIP haga el entrecruzamiento de datos para cobrar y no se obstaculice los contratos por pedido de un inquilino.
El dictamen del Frente de Todos es una reivindicación de la ley de alquileres sancionada en 2020 y denostada durante la campaña electoral por liberales, radicales y macristas; pero defendida por las agrupaciones de inquilinos que asistieron al debate.
Fue escrita por Moreau y el salteño Lucas Godoy tras una ardua negociación interna, en la que prevalecieron dos posiciones mayoritarias: mantener la ley como está, pedida por el kirchnerismo; y hacerle algunos retoques, un planteo de los peronistas del interior. La postura de suspender la norma propuesta por Sergio Massa quedó en minoría.
El dictamen oficialista, que resultó ser el de mayoría, mantiene el contrato a 3 años, suma como opción de garantía un seguro de caución del Estado a los monotributistas, exige la bancarización y mantiene el índice de actualización con la variación salarial y de precios. Sólo aclara que funciona como tope y no como obligación.
Mantiene la exigencia de declarar en la AFIP, con sanciones previstas y obligaciones a las inmobiliarias de aportar información, prohíbe promocionar contratos en dólares y crea un mecanismo de resolución de conflictos en la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Además, permite a los alquileres de vivienda pagar garantías en seis cuotas, obliga a devoluciones actualizadas y prohíbe uso de pagarés o cobro de llaves.
José Luis Gioja logró incorporar su capítulo de incentivos fiscal a los propietarios para alquilar, que según la oposición deberían tratarse en la comisión de presupuesto, donde el oficialismo tiene mayoría. Lo debería decidir Massa.
Se habilita a los monotributistas a tener 3 propiedades en oferta, quien mantenga un inmueble 12 años alquilado podrá beneficiarse de incentivos fiscales vigentes para la construcción y desgrava de bienes personales viviendas valuadas en hasta 30 millones.
"Es mentira eso de la regla del mercado, el que esta arriba se va a imponer al de abajo. Por eso el Estado tiene que estar presente para proteger al que menos tiene", se quejó el sanjuanino. Este martes, Banfi intentó negociar con el oficialismo un texto común, pero no fue posible.
La defensa de la ley la llevó a cabo Federico Fagioli, cercano a Juan Grabois y que trabajó junto a inquilinos agrupados, la ONG que dominó el debate de 2020. "Es la mejor que existe en Latinoamérica y sólo regula dos cosas: los años de los contratos y las actualizaciones de los alquileres. El mercado dice que es mala. Por eso vamos a sumar artículos que defiendan al inquilino".
El dictamen de Domingo, firmado en la comisión por Camaño, comparte con Juntos la posibilidad de volver a los contratos a 2 años y actualizarlos al primer semestre (aunque permite una renovación automática por un año); y con el oficialismo el tope de aumento, que lo limita al índice de precios al consumidor y deja afuera los salarios. Elimina el menú de garantías posibles y autoriza pagos anticipados y contratos temporarios.
"La ley actual actual generó inconvenientes en todos aquellos que prevén soluciones habitaciones, contribuyen a las ofertas de alquileres. Terminó estigmatizando la actividad en vez de incentivarla, le puso más trabas, más requisitos impositivos", se quejó el ex ministro de Economía de Río Negro, que pronto empezará a recibir llamados. Todos necesitan su voto.