Aprobaron un blanqueo por un año para construir viviendas y Juntos se dividió
La Cámara de Diputados aprobó la extensión por un año del blanqueo de fondos destinado a la construcción de viviendas, una ley sancionada en febrero de 2021 pero que casi no llegó a implementarse por las demoras de la AFIP en la reglamentación.
En su nueva versión, se incorporó un capítulo para sumar como empleados de los proyectos a beneficiarios de planes sociales. En el Gobierno creen que si el organismo recaudador no retrasa los trámites, pueden ingresar 4000 millones de dólares.
Pero un año es demasiado tiempo, el clima político no es el mismo y en Juntos por el Cambio apareció la grieta: aunque Sergio Massa firmó la ley con el jefe del PRO Cristian Ritondo, diputados de la UCR y la Coalición Cívica no quisieron votar su prórroga. La ley se aprobó con sólo 171 votos, 45 abstenciones (la mayoría radicales) y 20 rechazos (entre ellos los de la coalición cívica).
La tensión interna había empezado este martes, cuando diputados de Juntos no firmaron el dictamen en la Comisión de Legislación General y hubo reproches en los grupos de chats ni bien supieron que Massa lo había incluido en su pedido de sesión, aún cuando Ritondo fue uno de sus autores originales.
El jefe del PRO se defendió en el recinto del fuego amigo: "Algunos diputados asumieron el 10 de diciembre y por ahí no saben que durante la pandemia hablamos con todos los sectores. Y en un zoom, la Cámara de la construcción, la Uocra y los desarrolladores nos pidieron esta ley. Massa y yo juntamos las partes e hicimos el proyecto", explicó.
No conformó a algunos de sus compañeros de interbloque. "Se les fueron los 90 días en las reglamentación y los Bancos no sabían hacer el trámite. Va a fracasar, pero como ustedes son gobierno y creen que esta es una herramienta, nos vamos a abstener", anunció Rodrigo De Loredo, de Evolución radical.
Mónica Litza.
"El Senado está discutiendo un blanqueo: este congreso parece un centro odontológico", bromeó el cordobés y logró provocar a Cecilia Moreau, del Frente de Todos. "Este proyecto se aprobó con el voto de todos hace un año", respondió. "Por todos no", le dijo en voz baja Juan López, de la Coalición Cívica.
"Yo me preguntó cómo estará el que blanqueó a 20% y ahora se puede hacer a 5%. Un blanqueo es injusto", aportó Lisandro Nieri de la UCR.
Esto es así porque en la ley original la penalidad variaba entre esos porcentajes según el plazo en el que se registrara el dinero. Y en la prórroga vuelve todo a fojas cero: es de 5% los primeros 90% días, 10% los otros 90% y 20% los últimos 180.
El dinero no debe tener origen en paraísos fiscales o ser parte de denuncias penales y se utilizará para proyectos inmobiliarios o "aquellas obras privadas nuevas que se inicien a partir de la entrada en vigencia de la presente ley" como "construcciones, ampliaciones, instalaciones". Aunque el texto de la ley también señala que se trata de "incentivos a la construcción de vivienda".
Para usar el dinero, la lay establece que debe depositarse en una cuenta especial de depósito y cancelación para la construcción argentina (CECON.Ar), donde se controlará su trazabilidad. "La construcción es multiplicador del empleo de forma directa e indirectamente a lo largo del país, tiene un impacto profundamente federal", sostuvo Mónica Litza, del Frente de Todos.
"Según los datos de INDEC hay mas de 400 mil puestos formales en a la construcción, pero la argentina tiene un gran margen de informalidad que en la construcción puede llegar al 75%", agregó.
Rodrigo De Loredo.
La única voz opositora que defendió la ley fue Victoria Morales Gorleri, del PRO y cercana a Ritondo, quien consideró que hay "que aumentar a la oferta en lo que tiene que ver con la vivienda. No solo debe ser una cuestión del Estado, sino también incentivar al sector privado a ampliar las posibilidades de la construcción de viviendas y empleo".
El entrerriano Marcelo Casaretto, del Frente de Todos, anunció que a la prórroga de un año del blanqueo se agregarán artículos para sumar a los planes de empleo a beneficiarios de planes sociales. Se les permitirá seguir percibiendo la prestación social, pero se faculta al Ministerio de Trabajo a fijar pautas de compatibilidad.