Organizaciones de DDHH piden prohibir el uso de Pegasus y advierten: "Vamos camino a una vigilancia sin precedentes"
Que el árbol no tape el bosque. Eso es lo que piden más de treinta organizaciones de Derechos Humanos respecto al escándalo de espionaje que sacude a la política española. Es imprescindible que el poder político ponga el foco en el trasfondo del problema: la "proliferación sin precedentes" de la vigilancia a través de softwares que no son legales ni democráticos.
Estos colectivos, que desde hace tiempo vienen alertando que la vigilancia masiva por parte de las instituciones gubernamentales está "cambiando las reglas de juego" de las democracias, han aprovechado la coyuntura para juntarse y lanzar un manifiesto con dos grandes exigencias: que el Gobierno deje de usar Pegasus y que se revise la regulación del CNI.
Luca Gervasoni, presidente de Lafede.cat y director de Novact, dos de las entidades firmantes, dialogó con LPO para explicar el alcance de este documento y alertar de un "inédito escenario" respecto a la vigilancia que se está "debatiendo poco y nada" en la agenda política.
"Es cierto que hay un debate generado por el CatalanGate y por el espionaje al Gobierno, pero creemos que hay muy poco conocimiento del alcance que tienen estos softwares. Estamos en una fase creciente de vigilancia masiva. Se dan las condiciones para que se pueda vigilar a la ciudadanía a un nivel sin precedentes", sostiene Gervasoni, licenciado en Ciencias Políticas con varios posgrados en Construcción de Paz, Derecho Internacional y Transformación Social.
A su juicio, la prohibición de Pegasus -recomendada en las últimas horas por la Unión Europea- está ausente en el debate público en España. "No hemos escuchado a nadie del Gobierno decir esto pese a que el propio Ejecutivo ha sido espiado", lamenta.
Gervasoni durante la presentación del manifesito (@IRIDIA)
La prohibición de este software tiene que "venir de la mano" de un cambio en el reglamento del CNI, aclara Gervasoni. "Hoy un juez puede ordenar en base a un artículo de este reglamento la suspensión de derechos que están reconocidos por la propia constitución. Esta autorización judicial permite aplicar todas estas herramientas y tecnologías", explica.
Y agrega: "No negamos que en determinados casos pueda llegar a ser útil: un criminal que secuestra a una menor, por ejemplo. Pero hoy se está usando con fines políticos para perseguir opositores y para socavar los principios democráticos".
Estas organizaciones -españolas y algunas internacionales- conocen desde hace tiempo los alcances de Pegasus, pero así y todo se han sorprendido por la "magnitud" del espionaje a los líderes catalanes. "Lo de Cataluña no tiene precedente. Se han identificado 65 casos a través de un informe forense. Estamos ante el mayor caso de espionaje con Pegasus que se ha dado en Europa".
Para Gervasoni la situación es "tan grave" que "ni siquiera el presidente de un gobierno puede saber quién ha ordenado el espionaje y quién se ha hecho con sus datos". "No hay mejor momento que este para que el Gobierno se comprometa a dejar de comprar y usar Pegasus y otras tecnologías similares", insiste.
El presidente de Lafede.cat (una organización que trabaja para la justicia global) aclara que esta vigilancia masiva no es algo "abstracto y lejano", sino que afecta a "todos los ciudadanos de a pie".
"Un ciudadano que, por ejemplo, se involucre hoy en el reclamo de los derechos de su vivienda o en la reivindicación de medidas ecologistas puede estar siendo espiado y vigilado. "La capacidad de autocensura que esto puede generar a nivel global es gravísimo, a tal punto de generar sociedades invivibles", concluye.