El kirchnerismo quiere llamar a una consulta popular para definir la ampliación de la Corte
El kirchnerismo quiere convocar a una consulta popular para definir si se amplía la Corte Suprema y con ese objetivo tratará en el Senado proyectos que autorizan a realizarla en simultáneo con las elecciones presidenciales del año que viene.
La decisión fue anunciada por el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli durante el segundo plenario de comisiones convocado para debatir los proyectos que proponen aumentar los miembros de la Corte, en el que fueron invitados juristas que están a favor.
La oposición no participó, ni propuso expositores, decidida a rechazar el debate. Parrilli sugirió invitar a los cuatro jueces de la Corte Suprema, pero fuentes del bloque oficialista aseguraron a LPO que por ahora la citación está en estudio.
Sí es una decisión avanzar con la posibilidad de una consulta popular y por eso antes de terminar la audiencia el neuquino pidió incorporar al próximo plenario un proyecto suyo y otro de su compañera Juliana Di Tullio que modifican la manera de llevarla a cabo.
El kirchnerismo quiere una Corte de 15 jueces y declaraciones juradas antes de asumir
Ambos permiten que la consulta se realice en simultáneo a otra elección, una prohibición de la ley que reglamentó su aplicación, contemplada en la Constitución de 1994. La idea fue que no se mezcle con la agenda de otros comicios pero por la complicación logística que significa realizarla en otra fecha jamás se hizo una.
El proyecto de Parrilli es más amplio. Flexibiliza la convocatoria a una consulta vinculante de proyectos de ley, que podría definirse por mayoría simple de las dos cámaras y no absoluta. O sea, alcanzaría con la mitad más uno de cada recinto, sin importar cuantos legisladores haya sentados.
Pero además elimina la prohibición de convocar a una consulta popular no vinculante con temas que tengan una cámara de origen o exijan en la Constitución una mayoría calificada para su aprobación. En estos casos, un veredicto de la gente funcionaria como presión al Congreso para modificar la composición de la Corte.
"Se trata de un problema de la sociedad, porque la Corte define las tarifas de servicios de comunicación de millones de argentinos y vimos como las empresas se hicieron de ganancias extraordinarias a partir de sus fallos. Y cuando no pone límites a los monopolios termina fallando en contra de los alimentos esenciales", sostuvo Parrilli, quien no presentó un proyecto para ampliar el máximo tribunal pero sí lo hizo su coterránea Silvia Sapag.
Consiste en llevarla a 15 miembros, con representación de 5 regiones y paridad de género. Y establece nuevas restricciones para ser juez, como la de presentar declaraciones juradas de familiares, un informe de la historia laboral de los últimos 8 años y otro de la AFIP para saber si tiene deudas.
Oscar Parrilli y Guillermo Snopek en la audiencia de este miércoles.
Hay otros dos proyectos presentados, ambos con división regional y paridad. El de Adolfo Rodríguez Saá eleva la Corte a 9 miembros y el del rionegrino Alberto Weretilenck a 16, con 5 salas de 3, que podrían resolver sobre los temas por sorteo.
En este proyecto el plenario quedaría reservado a cuestiones de competencia originaria de la Corte, una propuesta que fue resistida por algunos juristas invitados este miércoles a la primera audiencia de especialistas, coordinada por Parrilli y su compañero Guillermo Snopek.
"Podrían admitirse las salas en cuestiones formales, pero cuando hay que decidir cuestiones sustanciales creo que la Corte debe funcionar en pleno", sostuvo Luis Arias exjuez en lo contencioso de La Plata y actual concejal del Frente de Todos en esa ciudad.
El resto de los invitados respaldaron la idea de ampliar la Corte, varios con simpatías manifiestas con el Gobierno. "Son un avance los proyectos que proponen aumentar los miembros de la Corte. Apoyo la división en salas: es imprescindible. La regionalización también, porque tiene que ver con la cosmovisión y no podemos seguir generando tribunales con la mirada de Buenos Aires", sostuvo el ex juez de la Cámara Carlos Rozanski.
Emanuel Desojo de la Asociación de Abogados por la Justicia Social, sostuvo que "hay una Corte Suprema que no funciona para el campo jurídico, para los mismos abogados y para la sociedad. Es una Corte que tiene carencia de legitimidad producto de un desarrollo histórico".
Joaquín Da Rocha, de la Fundación de Estudio para la Justicia (FUNDEJUS) señaló que "el Poder Judicial es un poder político al igual que los otros dos, debe tratar de estar integrado por distintas opiniones políticas para que sea representativo".
Y el constitucionalista Eduardo Barcesat agregó que "la Corte rompió las reglas inconstitucionales y ha trascendido sus límites. El Congreso debe emitir una declaración para recuperar sus facultades y poner en caja al Poder Judicial señalándole que las facultades legislativas son de este Parlamento".
También expusieron los constitucionalistas Raúl Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera. Ninguno habló de consulta popular. Una alternativa que Parrilli anunció recién cuando los despidió.