Audiencias Públicas

Edenor y Edesur deben más de 130 mil millones y afirman que la suba de tarifas no mejorará su situación

A una semana de aprobarse los nuevos aumentos, la calificadora de riesgo Moody's afirmó que la política tarifaria que diseñó Guzmán es "errática e insuficiente".

Una semana antes de la fecha establecida para la realización de la audiencias públicas donde se van a aprobar nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas, las perspectivas del mercado descartan que las distribuidoras de ambos servicios mejoren su situación financiera.

La calificadora Moodys advirtió en su último informe que el proceso de actualización tarifaria es "errático e insuficiente" para garantizar una adecuada recuperación de costos y nuevas inversiones.

Un informe cuestiona la política de tarifas de Guzmán: "Es errática y castiga a los usuarios"

"Mantenemos la perspectiva negativa para el sector, lo que refleja la incertidumbre sobre la evolución del régimen regulatorio argentino", destaca el informe.

El proceso de actualización tarifaria es errático e insuficiente para garantizar una adecuada recuperación de costos y nuevas inversiones.

Para Moody's Argentina los aumentos en el valor agregado de distribución recibidos este año se ubicarán por debajo de la inflación, incrementando los costos y disminuyendo los niveles de rentabilidad de las compañías del sector.

En febrero el gobierno autorizó incrementos tarifarios promedio del 40 % para las distribuidoras de gas y del 60 % para las transportadoras , en un escenario de alta inflación que, según consultores privados, podría llegar a superar el 59 % en todo el año.

"Los márgenes de rentabilidad y la generación de fondos operativos de las distribuidoras de gas continuarán deteriorándose en 2022", observó la calificadora.

Mientras tanto, en simultáneo, en el mismo eslabón pero del sector energético persiste una situación que representa una bomba de tiempo.

Se trata de las crecientes y cada vez más abultadas deudas que acumulan las distribuidoras eléctricas privadas y estatales y las cooperativas del interior con la mayorista Cammesa por la energía que reciben del sistema nacional y que solo pagan en forma parcial y con atrasos.

Las planillas oficiales exhiben que las facturas por cobrar que tiene la mayorista estatal superan los 333.000 millones de pesos.

Los números compilados hasta los primeros días de abril muestran que, entre las empresas que mas deuda acumulan las dos más grandes del país: Edenor y Edesur.

Las dos eléctricas que monopolizan Capital Federal y buena parte del Gran Buenos Aires deben a la administradora del mercado eléctrico mayorista algo más de 135.000 millones, el 40% del total de las deudas que acumulan todas las distribuidoras del país.

Edesur arrastra una deuda total de 71.700 millones de pesos que representan algo más de 8 meses de facturación.

En el caso de Edenor la deuda impaga por la energía tomada por sistema nacional asciende a un total de 63.600 millones y representan casi 7 meses de su facturación promedio.

El gobierno denunció que Edenor y Edesur le deben 100 mil millones al Estado

Los datos hasta la primera semana de abril indican que, de la factura recibida por 9.350 millones por las transacciones de diciembre, no llegó a abonar la mitad y giró solo 4.500 millones.

Completan los primeros puestos de las más deudoras la distribuidora privada de Río Negro con 8.900 millones y la estatal cordobesa Epec, con un salgo impago de 8.200 millones de pesos.

La realización de las audiencias públicas para analizar los números y aprobar los aumentos estan previstas para el 10, 11 y 12 de mayo. Las fechas funcionan como un limite a una de las internas mas feroces que atraviesa el FDT.

En tanto Guzmán se comprometió con el Fondo a aumentar las tarifas y reducir los subsidios, los funcionarios de la Secretaría de Energía que responden a CFK se oponen a cualquier incremento "En este contexto de inflación, con la cotización internacional de los combustibles por la nubes, los subsidios tienen que aumentar. Del contario, lo que que va a generar es un golpe brutal al poder adquisitivo de los salarios" afirmó una fuente cercana a la Vice Presidenta.