Cristina impulsa mayores controles del Congreso para negociar con el FMI
Los dos proyectos presentados este lunes por senadores cercanos a Cristina Kirchner para blanquear bienes en el exterior con una multa que permita cancelar el crédito con el FMI tienen artículos para empoderar al Congreso en la negociación de la deuda, que obligan a Martín Guzmán a someterse a una comisión cada vez que vuelva a ajustar las cuentas en Washington.
Se trata de la "Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación y al Banco Central de la República Argentina", creada en 2016 en la misma ley que autorizó el pago a los holdouts y es controlada por la mayoría oficialista del Senado. Siempre la presidió el jefe del peronismo en esa Cámara, José Mayans, un estudioso en temas de endeudamiento.
En la iniciativa que crea el fondo especial para pagarle al FMI, el artículo 25 establece condiciones especiales para las gestiones del Ministerio de Economía ante ese organismo.
La principal es que "antes de tomar nuevo endeudamiento en moneda extranjera, deberá solicitar opinión" a la Comisión "sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos y su viabilidad de repago".
De esta manera, el ministro deberá consultar a los senadores y diputados si un plan de facilidades extendidas puede ser cumplible antes de ponerle la firma y enviarlo en paquete cerrado para su aprobación, como ocurrió este mes. Las iniciativas fueron apoyadas por la vocera presidencial Gabriela Cerutti, aunque no está claro si las leyó antes de publicar su tuit.
Si prosperan, la tensión podría llegar ante las primeras revisiones del FMI, en caso que los técnicos advirtieran sobre un desbalance en sus metas fiscales o monetarias. Para recalcularlas, Guzmán tendría que preguntarle a la comisión legislativa si tiene margen o debe romper relaciones.
El proyecto "encomienda" además al Ministerio de Economía a solicitarle al FMI colaboración para combatir el lavado de activos, un tema que la propia vicepresidenta le reclamó al embajador de Estados Unidos, principal accionista en el organismo.
A su vez, la bicameral debería supervisar la recaudación del 20% de las multas por los bienes del exterior no declarados, que tienen como destino la cancelación de la deuda con el FMI. Por las estimaciones de los senadores, si pagan todos los dólares recolectados deberían sobrar.
La Comisión también fue empoderada en el otro proyecto de ley presentado por los senadores afines a la vicepresidenta, liderados por Oscar Parrilli, al quedar eximida del secreto bancario.
Esto le permitirá a sus legisladores acceder a las cuentas de argentinos en el exterior y escracharlos si no las declararon, una presión explícita para que lo hagan. Con esa información, además, podrán ir a la Justicia o a la AFIP para exigir sanciones.
Los legisladores podrán pedir datos sobre lavado de activos a la Unidad de Información Financiera (UIF) y declaraciones juradas a la AFIP y difundirlos. Este proyecto tiene un capítulo que suma amplias facultades a la comisión para seguir de cerca los procesos de deuda.
Podrán supervisar a cada organismo que contraiga un empréstito, pedir informes, recibir denuncias "sobre posibles ilícitos en materia de operaciones financieras, cambiarias y/o bursátiles", en ese caso "bajo juramento de guardar secreto financiero, bursátil y/o fiscal". Sería similar a una pesquisa judicial.
Además, se la faculta a citar testimonios y armar un cuerpo de consultores para descifrar los datos bancarios que reciban, que permitan determinar quien sacó bienes al exterior y no los declaró. Un entrecruzamiento de datos que podría ser decisivo para cumplir los propósitos de estas leyes, que es repatriar plata no declarada de argentinos que está fuera del país. Y hace falta.