Castillo superó otro intento destitución pero quedó involucrado en un hecho de corrupción
Pedro Castillo pudo sortear un nuevo intento de destitución de parte de la oposición, la segunda en 8 meses de gestión en Perú. La vacancia por "incapacidad moral permanente" tuvo 55 votos a favor, muy lejos de los 87 necesarios, 54 en contra y 18 abstenciones.
El voto refleja el contexto de empate que se vive en la política peruana y el poco margen de maniobra de Castillo que está dedicado a preservar la relación con los bloques que lo viene sosteniendo para internar terminar su mandato. El líder peruano dijo tras la votación: "Saludo que haya primado la sensatez, la responsabilidad y la democracia. Reconozco a los parlamentarios que votaron en contra de la vacancia, y respeto la decisión de quienes sí lo hicieron. Llamo a todos a cerrar esta página y trabajar juntos por los grandes desafíos del país".
Fuentes parlamentarias consultadas por LPO sostuvieron que "la vacancia en el pleno va seguir su camino esperado, es cuestión de tiempo que se planee el escenario por el tema de prestaciones de servicios públicos que está siendo investigado por la justicia". "Eso sí, si Perú no clasifica a repechaje los ánimos del país cambian", bromeó.
El Congreso peruano aprueba el inicio de debate para destituir a Castillo
Otra fuente cercana al oficialismo dijo a LPO: "En términos de escándalos, se requiere uno de gran envergadura y éste no ha aparecido como para influir en una distribución distinta de los votos parlamentarios. El oficialismo mantiene su protección legislativa, por lo que la vacancia presidencial, por ahora, resulta inviable".
En ese marco, mientras se debatía en el Congreso, la fiscal anticorrupción Karla Zecenarro dirigió un operativo de allanamiento y detención preliminar contra 11 presuntos implicados en la adjudicación irregular de la millonaria obra a un consorcio relacionado con la lobbista Karelim López , quien visitaba Palacio de Gobierno en pleno proceso de licitación.
De los incluidos en la resolución judicial, solo tres personas fueron arrestadas por agentes de la Policía Anticorrupción: los empresarios Zamir Villaverde y George Pasapera Adrianzén, así como Víctor Valdivia Malpartida, exfuncionario de Provías Descentralizado.
En tanto, ocho investigados no fueron ubicados en sus domicilios y están prófugos. Se trata de Bruno Pacheco, ex secretario general del Despacho Presidencial, y Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos de Pedro Castillo.
De esta manera, el presidente Castillo fue implicado en el proceso y en un documento publicado por El Comercio se establece: "Villaverde sería el operador del presidente Castillo y su labor habría sido contactar, ofrecer y acordar con empresarios interesados en ser adjudicados en dichas obras, logrando que sean favorecidos con adjudicaciones convocadas por el MTC". Este caso podría deriva en otro proceso parlamentario.
Independientemente de los votos con los que cuenta Castillo para salvarse de los intentos de destitución, el fondo del problema es el poco margen del Poder Ejecutivo para hacer frente a un Parlamento con mucho poder.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó, a través de un comunicado, su preocupación por los reiterados procesos de vacancia que se viven en el Perú: "La CIDH ha expresado preocupación por el uso reiterado de esta figura, pues la misma ha sido promovida 6 veces desde diciembre de 2017, contribuyendo a los problemas de gobernabilidad del Perú, país que ha tenido 5 presidentes y 3 parlamentos desde 2016 como resultado de las confrontaciones entre los distintos poderes públicos".
El promedio de intentos de destitución es alarmante: una moción cada 52 días. Las seis veces que el Parlamento promovió la vacancia presidencial se dieron en cinco momentos distintos. Uno fue contra Pedro Pablo Kuczyinski (2018), dos contra Martín Vizcarra (2019 y 2020), y dos también contra el actual mandatario, Pedro Castillo (2021 y 2022).
"Es una situación muy compleja. Si decide cerrar el parlamento y convocar a elecciones, lo que salga de eso puede ser una quimera. Si adopta una actitud ofensiva y mete el debate de la Constituyente sin consensos, podrían vacarlo. No hay salida", reflexionó la fuente.