Ley de alquileres: Juntos llama a una sesión para derogarla y Massa propone suspenderla para hacer una nueva
La ley de alquileres sancionada en mayo de 2020 se convirtió en el nuevo motivo de disputa entre oficialismo y oposición, porque si bien coinciden en que como está no sirve proponen alternativas diferentes para mejorar la situación de propietarios e inquilinos.
La norma en cuestión sube los contratos a 3 años, crea una fórmula para actualizarlos que combina la inflación y la variación salarial, amplía las garantías posibles, obliga a declarar las operaciones en la AFIP, comparte los costos inmobiliarios y crea un programa de alquiler social.
Juntos por el Cambio quiere derogarla y sus jefes de bloque llamaron a una sesión especial para el 5 de abril con tres proyectos que así lo plantean. Podría conseguir la mayoría para el quórum, pero si siguen sin conformarse las comisiones no alcanzarían los dos tercios para habilitar el tratamiento de ninguna de las iniciativas y el recinto sería un teatro opositor.
El oficialista José Luis Gioja dobló la apuesta y presentó un proyecto para modificar la ley de alquileres, permitir una actualización de valores mayor, facilitar el acceso a los monotributistas y aplicar incentivos fiscales para alquilar las propiedades, que incluya un gravamen para las que queden vacías.
Cambiemos propone derogar la ley de alquileres si consigue mayoría en el Congreso
Para mediar, durante una visita a Salta Sergio Massa reiteró este viernes su idea de suspender la ley vigente por 90 días y discutir una nueva, como había anunciado en noviembre. Y propuso darle mayores facultades en las provincias.
"A veces hay leyes que perjudican a uno de los actores, pero nunca una ley fue tan clara en fracasar con todos los actores. Yo en su momento estuve en contra de esta ley, advirtiendo que iba a pasar lo que pasó", se lamentó el presidente de la Cámara.
De esta manera, la semana que viene se abrirá una negociación que podría derivar en una acuerdo o llegar al 5 de abril con una sesión de grieta, para que todo siga igual. El resto de la oposición coincide con Juntos en que derogar la ley es la mejor opción en el corto plazo, pero culpa a los dos bloques mayoritarios de haberla creado.
"Desde octubre del año pasado he venido sosteniendo que hay que derogar esta ley de Alquileres que inventó el macrismo y terminó de aprobar el kirchnerismo en el Senado. Que ahora no vengan a hacerse los salvadores del desastre que hicieron", provocó Alejandro "Topo" Rodríguez, presidente del interbloque federal.
Como explicó LPO, la polémica por una ley que nadie se adjudica surgió en la campaña de la Ciudad, con los candidatos de Juntos por el Cambio (María Eugenia Vidal y Martín Tetaz) y los liberales (Javier Milei) prometiendo su derogación y responsabilizándola por la falta de oferta de propiedades en las grandes ciudades, aun cuando las asociaciones de inquilinos la siguen considerando un avance.
La norma, en verdad, tiene una historia compleja. Se aprobó por unanimidad en el Senado en 2016, pero Mauricio Macri pidió freezarla. Recién en 2018 la habilitó, tras decenas de debates en la Comisión de Legislación General, que presidía Daniel Lipovetzky, del PRO, por donde pasaron inquilinos, martilleros, inmobiliarias, desarrolladores. Pero cuando se iba votar, el entonces presidente se arrepintió.
Cuando perdió las elecciones un año después, el debate se retomó y se aprobó con respaldo de todos los bloques y también de cada sector involucrado, que hasta pudo colar algún párrafo. Hubo festejos como el de los martilleros, que consideraban reconocida su actividad por primera vez.
En mayo de 2020, en plena pandemia, el Senado la sancionó. En los meses que pasaron hasta su reglamentación los precios se ajustaron hacia arriba y ni bien se aplicó la oferta empezó a escasear hasta convertirse en un tema de campaña.
Hay una decena de proyectos presentados para derogar la ley de diputados de Juntos y liberales. Y entre los primeros hay otras propuestas, como la de la sanjuanina Susana Laciar, que adhiere a la suspensión que sugiere Massa.
El 4 de marzo, se presentó uno con firma de diputados de Juntos y del riojano Felipe Álvarez, que tiene un monobloque capaz de darle a la oposición del voto 129 del quórum, por lo que la oposición están en condición de forzar esa situación en Diputados y meterle presión al Senado. No sin antes una ronda de consultas con los actores involucrados con final incierto.
Además, hay un proyecto del radical Sebastián Salvador que elimina casi todos los artículos de la ley y establece un proceso sumario para desalojos. Pero en la reunión del bloque UCR del martes aceptó que el único consenso es la derogación.
Y este viernes se sumó el proyecto de Gioja, que complica y mucho las negociaciones parlamentarias porque ratifica varios tramos de la ley y apunta a mejorar la oferta con castigos a los propietarios que no ocupen sus casas o departamentos, por considerar esa especulación el eje del problema.
El sanjuanino entiende que la falta de oferta se debe a que los dueños no alquilan a la espera de una derogación de la ley actual, que entre otras cosas los obliga a declarar los contratos en la AFIP.
Su proyecto mantiene ese requisito, pero con beneficios a quienes lo cumplan: podrán deducir los montos de alquileres de los gastos del monotributo y no computarán para el impuesto a los bienes personales.
Y como parte de un programa federal que conforme un sistema de gestión pública de alquileres sociales a precios más bajos, propone crear impuestos locales a casas y departamentos que permanezcan vacíos.
El proyecto sostiene el menú de garantías posibles para optar entre dos (título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario), pero impide exigir valores 5 veces mayores al inmueble. Permite aceptar recibos de los monotributistas de los últimos 6 meses. Mientras que los contratos pueden concluir 3 meses antes por pedidos de las partes.
El único beneficio para los propietarios que propone es elevar hasta un 10% el valor de los contratos renovados por encima de los topes de la fórmula vigente y hasta un 20% en los nuevos. Para la oposición, ninguna de estas medidas sirven. Piden derogar la ley.