La Justicia británica niega la inmunidad a Juan Carlos I y lo juzgará por el delito de acoso
El Tribunal Superior de Londres ha determinado que Juan Carlos I no tiene inmunidad en Reino Unido tras su abdicación al cargo de rey de España. Así, ha concluido que puede seguir adelante la demanda que presentó Corinna Larsen por el delito de acoso.
Con esta resolución, el Emérito no va a esquivar la justicia internacional, algo que sí ha conseguido en España luego de que la Fiscalía del Tribunal Supremo archivase las investigaciones abiertas en torno su fortuna.
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Juan Carlos I confiaba en que su expediente en trámite en el Reino Unido corriese la misma suerte. Para eso, confió su defensa a Clifford Chance, uno de los bufetes más caros del mundo.
La negativa a concederle la inmunidad provocará que tenga que sentarse en el banquillo para responder a la demanda de Corinna, que acusa al monarca de haberla sometido a "vigilancia ilegal" y "hostigamiento" de forma reiterada desde el año 2012.
"En aras de la claridad, se requerirá que la Demandante modifique detalles de la reclamación para aclarar que los hechos imputados contra el General Sanz Roldán se habrían llevado a cabo por él a título personal", ha señalado el magistrado Matthew Nicklin en su resolución.
La defensa del rey emérito alegó ante el juez que "Su Majestad goza de inmunidad" y que la justicia británica no era competente para atender la demanda presentada por Larsen.
En su demanda, la ex amiga íntima del monarca pidió a los tribunales una indemnización por los costes de su tratamiento médico de salud mental, por la "instalación de medidas de seguridad personal y servicios diarios de protección" y por la contratación a "exdiplomáticos y exfuncionarios del Gobierno" para que interviniesen con el fin de "poner fin al acoso".
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Para el juez británico, no se puede considerar que en la actualidad Juan Carlos I siga formando parte de la Familia Real española. Esto hace que no pueda acogerse a la Ley de Inmunidad Estatal o SIA (State Immunity Act), una norma aprobada en 1978 que deja fuera de la jurisdicción británica los actos cometidos en su territorio por terceros Estados o por mandatarios de otros países.