Sánchez apuesta todas sus fichas a la Cumbre de Bruselas para frenar la crisis: "No hay plan B"
El autoforzado error de cálculo ha llevado al Gobierno al momento más tenso y delicado de su legislatura. La tormenta parece perfecta: muchos frentes abiertos (huelga de transporte, inflación disparada, rebelión de socios y la crisis por el giro diplomático con Marruecos) y pocas herramientas en mano para recuperar la iniciativa política.
El Ejecutivo confió en "patear la pelota" hasta el 29 de marzo, el día que va a anunciar su "Plan de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania". "Volvemos con la luz verde de Bruselas y ponemos sobre la mesa un sólido paquete de medidas", repetían la semana pasada en Moncloa.
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Pero la presión social (movilizaciones, huelgas y un palpable descontento en la calle), económica (empresas e industrias paralizadas) y política (el cuestionamiento de todos los grupos parlamentarios) de los últimos días desencadenó en un volantazo para "no chocar".
A última hora de este miércoles, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, alcanzó un acuerdo con el sector pesquero para levantar su huelga. El funcionario logró lo que compañera, la ministra de Transporte Raquel Sánchez no pudo: convencer a los trabajadores sin medidas concretas sobre la mesa.
Sánchez lo intentará nuevamente este jueves. Se reunirá con las asociaciones de transportistas (no con Plataforma, convocante del paro) para destrabar el conflicto. El gobierno tuvo que adelantar el encuentro presionado por las grandes firmas del sector de la alimentación. "No hay margen para más inacción", advirtieron todos los voceros de las principales empresas. Hay plantas paralizadas, trabajadores en Ertes y pérdidas millonarias que se multiplican con el correr de los días.
El problema es que la ministra de Transporte sigue sin tener cartas en su manga. Las medidas que pretende anunciar el Gobierno están condicionadas al resultado de la Cumbre de Bruselas (jueves y viernes).
El presidente Pedro Sánchez confía, ciegamente, en su capacidad de convencimiento y negociación para poder desacoplar el precio del gas y la electricidad, una decisión que, según sus cálculos, bajaría los precios de forma casi inmediata sin necesidad de recurrir a una masiva bajada de impuestos, como exige el Partido Popular.
La Comisión Europea ya anunció que va a dejar en manos de los líderes de la UE la decisión de intervenir en el mercado ante la crisis energética. En la antesala de la Cumbre, presentó un abanico de posibles medidas -sin apostar por ninguna-, a la espera de que los jefes de Gobierno decidan durante la ronda de encuentros en Bruselas.
La foto grupal de mandatarios en el inicio de la Cumbre de Bruselas.
El mandatario español quiere, de mínima, conseguir "una habilitación excepcional" para poner un tope al precio del gas, una medida que consensuó con Portugal. Como contraprestación a esta luz verde, el Gobierno compensaría a las eléctricas más adelante por sus pérdidas.
Este "parche", le permitiría a España desvincular la cotización del gas de los precios de la luz sin modificar el funcionamiento del mercado mayorista, una medida estructural que difícilmente consiga consenso en la Cumbre.
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Su importancia la resumió este jueves por la mañana la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. "La negociación del Gobierno de España sobre los precios de energía es vital. Europa se la juega en esta Cumbre", ha tuiteado.
¿Qué pasa si el presidente se vuelve con las manos vacías de Bruselas?, fue la pregunta más repetida estos días por los periodistas en los pasillos del Palacio de la Moncloa y del Congreso. "Estamos seguros de que eso no va a pasar. No hay plan B", respondieron todas las fuentes oficiales.