El apoyo de ERC a la ley de Vivienda le permite a Sánchez rescatar el bloque de investidura
La reforma laboral pareció amenazar los apoyos parlamentarios del gobierno de Pedro Sánchez. Hubo acusaciones cruzadas entre los partidos de la coalición y las formaciones independentistas. Pero la ley de Vivienda le permitió al Ejecutivo central recomponer la base que acompaña sus iniciativas en el Congreso, luego de que ERC respaldara la tramitación del proyecto.
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ERC aclaró que el visto bueno al proyecto se debió a que PSOE y Unidas Podemos se comprometieron por escrito a respetar la competencia autonómica en materia de vivienda y a reforzar la legislación para frenar los desahucios. Pero de ninguna manera "supone la validación de la ley", aclaró la portavoz republicana de Vivienda, Pilar Vallugera.
Con todo, el respaldo de ERC fue clave para que el proyecto sorteara las enmiendas de devolución presentadas por el PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT y Junts. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez Jiménez, llamó a sus socios a "enriquecer" el proyecto. También aseguró que la ley "será acordada con las fuerzas progresistas", a diferencia de la reforma laboral.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
Sánchez Jiménez anticipó que la ley "será respetuosa con los títulos competenciales" de la Constitución y los estatutos de autonomía. Con esta aclaración, la ministra intenta retener el voto de ERC a favor del texto. La diferencia de esos votos podría frustrar la iniciativa, cuando se trata de una de las leyes que el gobierno de Sánchez busca aprobar este primer semestre.
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El proyecto llegó a tensionar incluso la convivencia en la coalición de gobierno, pero el PSOE asumió pronto una actitud propositiva y orientada a que la ley pase en el Congreso antes de agotar la legislatura. Sánchez Jiménez llegó a calificar el derecho a la vivienda "como quinto pilar del Estado del Bienestar" que requerirá "un volumen importante de inversión pública".
En los presupuestos generales de este año el gobierno ha destinado unos 3.200 millones de euros a las políticas de vivienda. A finales de enero, la ministra del área Raquel Sánchez lamentaba que hubieran tenido que pasar "40 años para reconocer la vivienda como un derecho y para que las administraciones públicas hagamos políticas para garantizar la efectividad de este derecho y evitar la especulación". Lo hacía desde Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. En Moncloa no quieren volver a verse en el aprieto de tener que convocar a partidos como Ciudadanos para sacar adelante una ley estrella.