Ley de aborto: Montero busca eliminar el consentimiento paterno para las menores de 16 años
La ministra Irene Montero presentó este miércoles los lineamientos de la reforma a la ley de aborto que prepara Igualdad. Uno de los puntos clave es el acceso a la interrupción del embarazo para las menores de 16 años de forma "autónoma", es decir, sin el consentimiento paterno que PP introdujo en la legislación. También contempla un esquema de objeción de conciencia similar al que establece la ley de eutanasia.
La Ley de la Eutanasia, aprobada en el Congreso tras un choque entre Ciudadanos y Vox
"El machismo y sus defensores siempre han impuesto cómo debe ser el cuerpo de una mujer para ser aceptada socialmente, a qué estereotipos definidos debe responder, a qué manera de vivir la maternidad debe adecuarse, o qué relación con su sexualidad es admitida por la sociedad", dijo Montero tras criticar a la "derecha reaccionaria".
La ministra, que reveló los cambios a la legislación ante la Comisión de Igualdad del Congreso, apuntó a la creación de una línea telefónica que proporcione a la mujer información sobre el procedimiento y los métodos disponibles para practicar un aborto, y planteó la idea de erradicar los tres días de reflexión obligatoria, que calificó como un "obstáculo". Según declaró en la Comisión, el objetivo del gobierno es "blindar el derecho al aborto en la sanidad pública".
Además, señaló que es "responsabilidad del Estado ofrecer una educación que permita el acercamiento de los más pequeños a la sexualidad desde la igualdad y el respeto al otro, a la otra". Y defendió el derecho de las adolescentes de entre 16 y 18 años a interrumpir un embarazo son el consentimiento de un tutor ya que "del mismo modo que son responsables para trabajar o para tener relaciones sexuales, lo son para decidir sobre sus cuerpos".
Otras consideraciones de la reforma en trámite es el reconocimiento de permiso maternal preparto y el combate a la violencia ginecobstétrica. Por su parte, Vox Vox viene trabajando en un proyecto de ley para proteger la objeción de conciencia de los sanitarios frente al aborto y la eutanasia. Se trata de una respuesta a la propuesta de Montero de que los hospitales públicos cuenten con profesionales dispuestos a practicar abortos.