El PP inicia un expediente contra Ayuso y abre las puertas a su expulsion
El secretario general del PP salió a desmentir a Isabel Díaz Ayuso y sugirió la expulsión de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Teodoro García Egea aseguró que "todos los cargos del partido están comprometidos con la ejemplaridad y la transparencia", dejando entrever la opacidad en torno al contrato sanitario que involucra al hermano de la dirigente madrileña. "El protocolo exige abrir un expediente", aclaró el secretario.
García Egea se mostró indignado e invirtió la culpabilidad sobre Ayuso. "Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo", sostuvo ante la prensa durante la comparecencia de esta tarde. Sin embargo, afirmó que "la verdad siempre se abre paso" y que el partido "recuperará su unidad". Asimismo, señaló que "se puede tener un buen resultado electoral", pero ese éxito "no exime de lealtad" a los miembros del partido.
El "número dos" de los populares defendió a Pablo Casado y apuntó que la presidenta de Madrid, "tras reconocer que han existido pagos, ha vertido acusaciones contra el presidente del PP y toda la dirección nacional". "Nunca pude imaginar esta reacción", insistió. García Egea desmintió que Génova "contactara a un detective" y que "haya elaborado algún dossier sobre Isabel Díaz Ayuso", como denunció la dirigente más temprano este jueves.
Según el secretario general, el punto de la cuestión es el adelanto del congreso del PP de Madrid para renovar las autoridades regionales, una exigencia de Díaz Ayuso que el partido le ha negado. "Esta es la verdad razón", reconoció García Egea, si bien se apuró a aclarar que su "obligación es proteger la reputación del PP antes de que pueda ser demasiado tarde". De esta forma, parecía dinamitar todos los puentes con la líder del PP en Madrid.
La guerra entre Casado y Ayuso escala con denuncias de corrupción y espionaje
Según el estatuto del PP, incurrir "en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de cargos públicos" supone la "suspensión de militancia por un periodo de tiempo entre cuatro y seis años", la "inhabilitación para desempeñar cargos en el seno del partido o en representación de éste por igual periodo de tiempo", o bien la opción más grave de "expulsión del partido", si bien matiza que esta sanción "se impondrá, en todo caso, cuando exista sentencia firme que condene al afiliado a penas de prisión o inhabilitación, cualquiera que fuese su duración, y cuando pasase a formar parte de otro grupo institucional o de carácter representativo distinto a los del Partido Popular".