La FGR pide 39 años de cárcel para Lozoya por caso Odebrecht
La Fiscalía General de la República presentó este miércoles su primera acusación formal contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto y colaborador del entonces candidato durante su campaña electoral, en la que pide 39 años de prisión por los delitos de corrupción por los que se le acusa.
Según la información publicada por Reforma, la Fiscalía, que acusa a Lozoya de recibir 6 millones de dólares por parte de la constructura brasileña y USD lavar 1,3 millones, pide 15 años de cárcel por lavado de dinero, 14 años por cohecho y 10 años por asociación delictuosa.
Además, la FGR pide el decomiso de su mansión ubicada en Quinta Mar de Ixtapa, Zihuatanejo, propiedad a nombres de su esposa y adquirida presuntamente con el dinero del soborno de Odebrecht.
La Fiscalía también reclama el pago de 7,3 millones de dólares como resarcimiento al estado y además del equivalente de 5,450 días de multa.
Juez otorga prórroga final a Lozoya en casos Agronitrogenados y Odebrecht
La acusación, que pide al juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte Artemio Zúñiga Mendoza la apertura del juicio penal contra Lozoya, también busca 25 años de cárcel para la madre del ex funcionario de Peña Nieto, Gilda Margarita Austin Solís, por lavado de dinero y asociación delictuosa, ya que está sospechada de haber colaborado con su hijo al prestarse a poner propiedades compradas con ese dinero ilícito a su nombre.
Se espera además que en los próximo días la FGR presente su segunda acusación contra Lozoya, por el caso de la venta de la planta chatarra de Agronitrogenados a Pemex, por la cual también deberá llegar a un acuerdo de resarcimiento al Estado, como lo hiciera el ex presidente de la empresa Alonso Ancira, quien acordó un pago de 216,6 millones de dólares por la ruinosa operación.
Lozoya se encuentra en prisión desde el 4 de noviembre, cuando el juez Zuñiga dictó su prisión preventiva luego que la Fiscalía pidiera quitarle el beneficio de la libertad condicional que había gozado durante 16 meses, tras haber sido fotografiado cenando en público en un restaurante de lujo, enfureciendo al presidente López Obrador, quien calificó la escena de "legal pero inmoral".