INE y pasaportes falsos, la clave detrás del proyecto de AMLO para los registros biométricos
En las conferencias matutinas más recientes en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador ha sido persistente en defender las nuevas medidas sobre registro biométrico en telefonía: es solo reflejo de que, en lo privado, ya dejó la clara instrucción de llevarla a cabo a toda costa, pues detrás de ello está una necesidad de apaliar el retraso que el país tiene en términos de digitalización de documentos.
La propuesta fue aprobada en el Congreso a pesar de las múltiples críticas y la fácil apuesta de que se enfrentaría a una batalla legal, la cual ya dio sus primeros pasos tras el amparo concedido por un juez. A pesar de estas resistencias, López Obrador defiende que se trata de una estrategia de seguridad. Para muestra, este miércoles habló de cómo se han encontrado "montañas" de tarjetas SIM en hechos delictivos. A quienes se oponen, acusa de defender intereses privados.
Vale la pena precisar el contexto en que esta propuesta se mueve: de acuerdo con datos oficiales, en el país existen 122 millones de líneas telefónicas, en donde el 83% son de prepago. Al año, se registran 4.5 millones de extorsiones por esta vía.
Lo cierto es que LPO pudo saber que más allá del tema de seguridad, la preocupación del mandatario es que el país no ha podido avanzar en la digitalización de documentos personales, un paso clave para evitar falsificaciones, así, la medida más próxima es tener registro de datos personales y biométricos -a través de huellas digitales- de los millones de usuarios de telefonía móvil.
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Y es que México, desde administraciones atrás, no ha podido digitalizar documentos como pasaportes y credenciales de identificación personal, un problema relevante en una sociedad con altas tasas de informalidad, que dificultan el registro de esta población.
Pero hay otro tema clave también que confirmaron fuentes que prefirieron el anonimato: en diciembre pasado, el Banco Mundial ofreció a México un crédito con este fin, sin embargo, el país no ha tenido ningún avance al respecto, por lo cual, urge el avance en esta vía.
Como explicó LPO, expertos del sector han señalado diversos riesgos: para la población, aún no es claro quién se hará cargo del cuidado de estos datos. "Se requiere tecnología específica para esa vigilancia y México ha demostrado poca eficacia en resguardar datos, no está claro si el IFT tendría esa capacidad", señaló el especialista Gonzalo Rojon.
Por su parte, Jorge Bravo agregó que ante la tecnología que requerirán los operadores telefónicos para implementar estas medidas, tendrán que asumir costos no previstos, lo que se podría trasladarse al consumidor: "´Podría ser que viéramos menos paquetes, o promociones, de alguna forma también se verían afectados los clientes".
El padrón de registro se estima sea concluido en dos años, tiempo en que los expertos consideran que podría frenarse esta propuesta pues afirman que "son muchos actores en contra" quienes insistirán en la ruta legal, por lo que advierten que las compañías telefónicas no realizarán las inversiones de manera inmediata.