Empresario del Metro confesó en la Justicia que pagaba moches al gobierno de Kirchner

Es un contratista en infraestructura del estado argentino, uno de los más importantes e influyentes, con negocios en el transporte que se extienden hasta Colombia. El empresario Aldo Benito Roggio se arrepintió ante el juez federal Claudio Bonadio y reconoció que pagó sobornos al gobierno kirchnerista para mantener la concesión del subte que tiene desde 1994 con Metrovías.

Como aseguraron a LPO fuentes con acceso a la declaración del empresario, Roggio reconoció que pagó un porcentaje del 5% de sus dividendos al secretario de Transporte hasta 2011, cuando se traspasó el subte a la Ciudad. Hasta 2009, el secretario de Transporte fue Ricardo Jaime, que está preso. Pero hasta 2012 el secretario fue Schiavi, que está en libertad. Curiosamente Roggio se refirió a Jaime en su declaración pero no mencionó a Schiavi.

De este modo Roggio abrió un nuevo capítulo en el caso de corrupción que investiga Bonadio, puesto que los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, involucraban al área de Energía y no de Transporte. Bonadio buscaba justamente con Roggio abrir el capítulo Transporte.

"Se determinó un porcentaje del 5 % de los pagos recibidos, que se pagaba en dinero en efectivo, periódicamente y en la persona del Secretario de Transporte", declaró Roggio y agregó que la exigencia se afrontó siempre con "el margen de rentabilidad de la empresa luego de pagar todos los gastos relacionados con la operación segura de los servicios. Los subsidios nunca implicaron una mejora contractual ni de ingresos.

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"Esta herramienta fue utilizada para mantener el esquema de subsidios que daban lugar a los pagos que se exigían, con incluso la amenaza de rescisión del contrato de no cumplir. En su explicación dio detalles sobre la situación de rehenes que esto entrañaba", indicaron las fuentes.

"No tuvimos oportunidad de negarnos a esta exigencia", dijo el ingeniero Roggio, "habiendo soportado la presión hasta el límite de nuestras posibilidades, máxime teniendo cuenta que se trata de un servicio esencial y la gran incidencia del rubro personal, (70% del total) en los costos de operación del servicio".

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Roggio justo se acaba de presentar en la compulsa internacional que lanzó el gobierno porteño para la renovación de la concesión del subte, lo que arroja una enorme incertidumbre jurídica sobre si no le deberían quitar el servicio y correrlo de esa licitación.

De hecho el régimen de contratación de la obra pública establece que no podrán tener contratos con el Estado "las personas que se encontraren procesadas por delitos contra la propiedad, o contra la Administración Pública Nacional, o contra la fe pública o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la corrupción".

Por este motivo en el Gobierno están estudiando la situación de Roggio respecto de la licitación que ganó para el segundo tramo de la cuenca del Río Salado por una suma aproximada a los 500 millones de dólares. Por ahora, como adelantó LPO, la intención del Ejecutivo es avanzar con esa obra.