"La verificación vehicular está vetada políticamente pero es algo que le urge a NL"

Víctor Jaime Cabrera está a frente de la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Medioambiente (Profepa) en Nuevo León. Un cargo sensible si se considera a qué velocidad ha escalada la cuestión ambiental en la agenda política del Estado. 

¿Cuáles son los principales objetivos para Profepa en 2018?

Nos estamos preparando para un entrega muy eficiente para el 1 de diciembre. Hemos realizado auditorías internas para revisar en qué áreas de oportunidad tenemos que fortalecernos; sobre todo mucha limpieza y transparencia en lo que vamos a entregar.

Lo otro es consolidar los convenios que tenemos establecidos con otras instituciones como el Club Tigres, la UANL o el Gobierno del estado. Queremos consolidar el certificado de auditoría ambiental par que sea homologado.

Queremos fortalecer la certificación de las empresas turísticas y trabajar ampliamente con los recursos naturales; crear una cultura ciudadana de respeto a la naturaleza y también de denuncia. Tenemos serios problemas de venta ilegal de vida silvestre y de cambio de usos de suelo.

Hace un mes Caintra anunció una norma en materia ambiental, ¿Cómo analiza esa propuesta?

Este tipo de pronunciamientos surgen porque está claro que hace falta algo más. La Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, concretamente Guillermo Haro, se ha pronunciado abiertamente para que en el estado exista la verificación vehicular. Este tema parece estar vetado políticamente, pero tenemos que ser claros que es una medida urgente y necesaria.

¿Y por qué está vetada políticamente?

Hay varias razones; en 1992 hubo un resultado muy desastroso en el que se evidenció corrupción, se estaban simulando verificaciones falsas. También se habla de que es una medida recaudatorio. Aquí lo importante no es si tiene un costo, lo importante es el costo que tiene no hacerlo. Más que generar un impuesto, es decirle al ciudadano que tiene la obligación de que su vehículo no contamine; ocurre en otros países.

¿Cómo analiza las críticas de ambientalistas hacia el Gobierno del estado?

Hay que dividir quiénes son los ambientalistas en Nuevo León: hay serios, hay protagonistas y hay quienes hacen negocio con ese tema.

Nosotros les abrimos las puertas a todos independientemente de quienes sean porque hay que escuchar esos reclamos y señalarles que hemos hecho. Siempre hemos buscado dar una respuesta a todo y decirle al ciudadano qué es lo que estamos haciendo; si ellos tienen una manera de hacer mejor las cosas, estamos abiertos a escuchar.

Tenemos contacto con la mayoría de las organizaciones serias, los invitamos a trabajar con nosotros y los involucramos.

¿Qué tendría que trabajar el sector empresarial en la agenda ambiental?

Definitivamente todas las acciones que el sector privado pueda realizar están plasmadas en nuestras normas ambientales a nivel de gobierno. Desde la recolección de basura hasta acciones de uso de suelo.

Ellos son detonantes del mensaje que queremos mandar a los ciudadanos. Si nosotros queremos llegar a los ciudadanos, a través de la industria podemos tener mucha injerencia.

La industria en Monterrey aporta el 3 por ciento de la industria federal a la mala calidad del aire; lo importante es que tenemos bien identificado cuales son las fuentes principales que aportan esto.

¿Cómo hacer que el criterio ambiental vaya de la mano con el desarrollo económico?

Juntar ambas cosas en Nuevo León ha sido difícil por el sistema cultural; la realidad es que no es difícil. Tenemos una ley de equilibrio ecológico que lo busca es crear un desarrollo que sea sustentable.

Parece difícil porque hay muchos que no desean verlo así. Hay quienes por observar solamente su inversión se pasan por alto esta Ley y tienen más la cultura de pedir perdón que pedir permiso. Ahora a nivel federal tenemos la Ley de Responsabilidad Ambiental que se enfoca a esos incumplidores.