Ahora señalan a Anaya de cubrir triangulación de recursos a través de una fundación social
Parecía que había tomado un respiro la serie de filtraciones en medios que ponían en duda la transparencia de Ricardo Anaya, mismo que acusaba al PRI de estar detrás de ellas y desató una guerra con El Univesal. Pero ahora fue la revista Proceso, quien lanzó fuertes acusaciones en contra del candidato presidencial por el Frente.
Meses atrás, los panistas iniciaron una lucha que llegó a tribunales por las filtraciones del diario Francisco Ealy Ortiz, acusándolo de servir a los fines oficialistas. Ahora un medio con un perfil más bien crítico presentó una serie de documentos que comprometen al joven político queretano en una triangulación compleja de recursos a través de una fundación creada en 2009 y de la cual se asume no existe registro de actividad pública y fue omitida en la declaración 3de3 de Anaya.
Fundación por Más Humanismo fue creada en Querétaro por Anaya con el objetivo de "fortalecer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico-política", no obstante, de acuerdo con la publicación de la revista Proceso, a través de ésta hizo un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un complejo esquema de triangulación y encubrimiento de operaciones financieras.
Como explicó LPO, en los últimos meses el PAN principalmente, apuntan contra los dueños de El Universal de ejecutar directamente operaciones orquestadas desde Los Pinos. El primero en dar cuenta de ello fue Javier Corral, que de inmediato cortó la publicidad a este diario.
Más tarde sería el entorno del político queretano, luego de que fuera cuestionado el enorme patrimonio de su familia política. Tras ello, inició una demanda judicial, con un pedido de réplica, acusando de "fake news". Más tarde, aseguró que había ganado la demanda.
Lo que ahora expone el Proceso es una operación financiera que inició en 2010 y terminaría en 2017. Hace siete años, el panista habría recibido en la cuenta bancaria de la fundación un depósito de un millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles, con lo que adquirió un terreno donde construyó un edificio en terrenos de alta plusvalía.
Más tarde, según los documentos de dicho medio, vendió ese inmueble en 7.8 millones de pesos a la empresa Agacel Agregados y Asfaltos, copropiedad de Lorena Jiménez Salcedo, presidenta de la Coparmex en esa entidad y exsecretaria particular del gobernador panista Francisco Domínguez Servién.
Tras esta transacción, el ahora candidato presidencial pagaría su deuda al dueño de la constructora y transfirió más de 4 millones a la empresa JV Construcciones Civiles, en lugar de a los dueños, DG Diseño y Construcción.
El semanario expone que esta firma se quedó con más de tres millones de pesos y realizó dos transferencias por una cantidad similar a DG Diseño y Construcciones, que son propiedad de Eduardo de la Guardia Herrera, vocal de esta fundación, pero que además, apoderado de la cuenta bancaria de la asociación civil.
¿El objetivo? Funcionar como "fachada" para encubrir las operaciones de DG Diseño y Construcción, pues con este esquema de operación e puede ocultar cualquier vínculo entre la asociación civil y la empresa y por supuesto, del mismo panista.
El medio explica también que la fundación no obtuvo gran beneficio financiero. "De los 7.8 millones de la venta del terreno, pagó 6.5 millones a las dos empresas implicadas en el negocio, por lo que se quedó solo con 1.2 millones de pesos.
No fue la única acción. En abril de 2016, depositó alrededor de 99 mil pesos a la cuenta de la notaría pública 32 de la entidad y de junio de ese año a marzo del 2017, emitió varios cheques por 1.7 millones de pesos cobrados en efectivo por De la Guardia.
La defensa de Anaya es que como presidente de la fundación, compró el terreno por "colectas" y que al dejar el cargo en la asociación en 2014, la construcción estaba en obra negra, deslindándose así, de las operaciones subsecuentes.
Además, dice que no fue incluido en su declaración pues ya no presidía esta asociación y había dejado de ser apoderado legal de la cuenta bancaria de esta asociación. Y aunque afirma que la asociación sí cumplió su objeto social de promover civismo, al mismo tiempo dice "no digo que hayan tenido una gran relevancia".