Juristas creen que la definición de la Corte sobre la Ley de Seguridad saldría en el próximo sexenio

La tarde del jueves Enrique Peña Nieto hizo el inusual anuncio de que no aplicaría la recién promulgada Ley de Seguridad Interior hasta que le Suprema Corte decidiera si es o no inconstitucional. A pesar de que no va a vetar la Ley de Seguridad Interior, frente a las críticas de un sector de la sociedad civil, 19 comisiones estatales de derechos humanos, Naciones Unidas, la Unión Europea, y otros organismos internacionales, aseguró que no utilizaría las facultades de la ley hasta que la Suprema Corte emita un fallo al respecto.

De entrada queda la duda: ¿Es posible lo que plantea el presidente? ¿Ignorar una ley ya promulgada? Para muchos especialistas consultados la declaración del Presidente no hace mucho sentido, y se trataría más bien de un posicionamiento político. En palabras del penalista Gabriel Regino, lo que hoy dijo EPN "es un ardid político para apaciguar las críticas".

De acuerdo con el abogado, cuando una ley entra en vigor, en este caso un día después de su promulgación, "no existe jurídicamente ninguna suspensión de la ley". O lo que es lo mismo, aún si el presidente quisiera, por ley no puede ignorar lo que ya fue aprobado en el Congreso y promulgado por él mismo.

En la opinión de Volga de Pina, abogada e investigadora del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, la declaración revela que la apuesta del Ejecutivo es que la Suprema Corte va a "perfeccionar" la ley removiendo las partes que les parezcan problemáticas.

"No veo una configuración en la Corte que vaya a decir ‘tumbamos toda la ley', lo que pueden hacer es decir ‘saquen tal y tal y tal artículo que son anticonstitucionales' o decir ‘agréguenle esto o lo otro'", explicó de Pina.

"Quieren que la Corte la perfeccione. No es que lo haya planeado así el Ejecutivo, pero es lo que va a pasar. Con esta Corte es muy probable que acabe ajustada porque son únicamente dos o tres ministros los que estarían en contra".

Regino apunta que el proceso podría tomar un año o más: "Si la CNDH un grupo de ciudadanos, o gente del Congreso promueven una acción de inconstitucionalidad, ya será materia de análisis de la Corte, y tomara quizás un año", dijo. "Mientras tanto la ley va a estar vigente", sentenció.

La acción del presidente también muestra que esta vez el Ejecutivo sabe que sí se promoverá acciones de inconstitucionalidad contra la ley, a diferencia de otros casos cuando no estaban seguros de que la CNDH verdaderamente fuera a movilizarse: "Él lo dice como para mostrar que hay división de poderes; yo creo que [Peña Nieto] se refiere a que ya están cantadas varias acciones [legales], de la CNDH y que esperarán la decisión de la Corte. Ya dijeron que van a promover una acción de inconstitucionalidad".

De Pina recuerda que los ataques legales contra la ley no llegarán únicamente de la CNDH u otras instancias de derechos humanos: "No dudaría, por ejemplo, que el gobierno de Corral en Chihuahua promueva algo también, aparte de los amparos que puede hacer cualquier ciudadano, uno por la ley en general y otro los que se puedan hacer ante los primeros actos de aplicación".

La especialista pronostica también que habrá gobiernos municipales que se movilicen contra la medida. "Aparte de este tema de derechos humanos hay también un tema de invasión de derechos constitucionales, pues le quita también a los municipios atribuciones en asuntos de seguridad pública".

Regino señala que la ley no va a resolver el conflicto con el narcotráfico: "Tiene conceptos bastante confusos ­-intencionalmente, desde luego- por ejemplo, equiparar la seguridad interior a los alcances de la seguridad nacional".

El abogado advierte que mientras que antes "sólo teníamos seguridad pública y seguridad nacional", una dedicada a los temas de los derechos de los ciudadanos y la segunda a la protección del Estado como ente político, con el concepto de seguridad interior están abriendo la puerta para ejercer mayor control sobre la población.

"Con objetividad", apuntó el abogado, "no es esta ley el mecanismo para resolver esta problemática, pero sí le dará al Ejecutivo herramientas de control social. Esquemas de control para evitar circunstancias que afecten la gobernabilidad".