Chihuahua

Camacho acusa a Corral de operar las denuncias de desvío de dinero para campañas del PRI

Cree que el Gobernador busca sacar provecho del escándalo que salpicó a Beltrones y Videgaray.

En estos días se han replicado las acusaciones que apuntan al presunto desvío de dinero por parte de la Secretaría de Hacienda al PRI, puntualmente para ser utilizado en las campañas electorales en 2016 en Chihuahua. Esos señalamiento apuntaron -en palabras de ex funcionarios de Chihuahua- contra Luis Videgaray, en ese entonces al frente de Hacienda, y a Manlio Fabio Beltrones, que era dirigente nacional del PRI.

La presunta triangulación, destapada por el diario The New York Times, se realizaba a través de cursos educativos fantasmas, entre otros mecanismos. Así lo habría denunciado Ricardo Yáñez Herrera y Jaime Herrera Corral, ex secretarios de Educación y de Hacienda en el gobierno del priista César Duarte.

En sus acusaciones pegaron muy cerca del ex dirigente nacional del PRI porque involucraron a Alejandro Gutiérrez, ex secretario adjunto de Beltrones durante su gestión al frente del tricolor.

"Me dijo César Duarte que debía firmar los contratos y como explicación me hizo saber que ese recurso se había autorizado por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de la Federación para operar las campañas electorales del PRI en otros estados, que era un recurso que se había acordado operar para este fin con Manlio Fabio Beltrones", habría declarado Yáñez Herrera, según publicó Reforma -que también investigó el tema- hace un puñado de días.

El vocero de Manlio Fabio envió una carta a ese periódico para desmentir cualquier vinculación: "Beltrones no conoce al señor Jaime Herrera Corral y menos aún tiene conocimiento del inverosímil relato hecho en la declaración del llamado 'testigo colaborador' de la Fiscalía del Estado de Chihuahua". 

Este viernes, el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, César Camacho, consideró que se debe investigar "de manera profunda y sin consignas", sugiriendo que existe una operación del gobernador del PAN para desprestigiar al tricolor.

"Javier Corral, hizo su campaña diciendo que iba a meter a la cárcel a César Duarte. En consecuencia se hace investigaciones donde no se le deja a los responsables de estas tareas -hablo de la procuraduría y de los jueces- en absoluta libertad para que lleguen a donde deban llegar", afirmó Camacho.

En entrevista radiofónica para MVS, prosiguió con las acusaciones: "Es un asunto delicado que en la coyuntura se está aprovechando para hacerle daño y hacer señalamientos sobre las rodillas a gente como Luis Videgaray y Manlio Fabio Beltrones".

El coordinador de los priistas en San Lázaro además señaló que "no se vale tener consignas y hacer investigaciones a petición expresa con la consigna de saber cuál debe ser la conclusión y sacar raja política. Es entendible pero no justiciable en campañas políticas".

El presidente Peña Nieto conversa con el gobernador Corral.

En una línea similar reaccionó el presidente del PRI, Enrique Ochoa, que lejos de responder las acusaciones prefirió abrir otro caso de presunta corrupción, acusando en este caso de desvío de recursos en el gobierno de Sonora al presidente del PAN, Damián Zepeda. Fue una extraña manera de sugerir que todas las fuerzas hacen lo mismo.

Como sea, el escándalo de Chihuahua no se detiene. Este jueves, Alejandro Gutiérrez, ex secretario adjunto del CEN del PRI, se presentó ante el juez local, Octavio Armando Rodríguez Gaytán, quien le imputó el delito de peculado agravado por su presunta participación en el desvío de 250 millones de pesos del erario del estado hacia las campañas.

Fue acreditada la imputación contra Alejandro Gutiérrez por el desvío de recursos públicos por cuatro contratos por prestación de servicios profesionales, pagos por servicios que realizó la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte de Chihuahua a las empresas Servicios y Asesorías Samex, Servicios y Asesorías Sinax, Servicios y Asesorías Sisass, Despacho de Profesionistas Futura y Jet Combustibles, las cuales cobraron un monto total de 250 millones de pesos por contratos que nunca cumplieron.