Optimista con la apertura del mercado energético, la OCDE sube su pronóstico
En un punto intermedio entre el pronóstico del Banxico y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la OCDE se muestra con un estimado más optimista sobre el devenir de la economía, arropándose principalmente en las nuevas inversiones que han llegado a México.
Para este año pasaron de esperar un crecimiento del PIB de 1.9 a 2.4%, por arriba del cálculo del Banxico que se mueve en un rango de entre 1.8 y 2.3% y ligeramente por debajo del de Hacienda, aún bajo el liderazgo de José Antonio Meade, que fue de entre 2 y 2.6%.
En su reporte, el organismo internacional vio con positivismo que se materializaran inversiones que se habían atrasado y sobre todo, recalcaron las "ofertas exitosas en el sector energético", refiriéndose a las rondas de licitaciones de campos petroleros y los farmouts con Pemex y la apertura del mercado gasolinero.
Desde que México comenzó con estas subastas petroleras en 2015, ha colocado 72 bloques -de los 97 ofertados-, lo que significó la entrada de 67 nuevos participantes en el mercado de los hidrocarburos, significando para México una inversión de 2,598 millones de dólares, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
De igual manera, los especialistas del organismo que representa José Ángel Gurría, hablaron sobre las recientes reducciones de cargas administrativas para los emprendedores, lo que consideran que "ha incrementado la inversión doméstica de los negocios".
E incluso sobre el Tratado de Libre Comercio que mantiene en incertidumbre a los mercados, afirmó que en tanto no haya conclusiones sobre las rondas de negociación, puede persistir el flujo comercial entre los tres países. Aunque no están exentos de alarmas, pues también afirman que "la incertidumbre generada por la renegociación podría persistir e incluso intensificarse, lo que retrasaría de nuevo las inversiones".
En su perspectiva, el país debe mejorar el clima de negocios a partir de construir la estabilidad de las entidades subnacionales, es decir, los gobiernos de los estados, en el sistema nacional anticorrupción.
Sugiere también mejorar el entrenamiento y educación de la población, generar más ahorros, acelerar la capacidad del manejo tecnológico en el Poder Judicial y con todo garantizarían un mayor flujo de inversión