El Bronco no vetaría ley de Desarrollo Urbano pero a cambio quiere control absoluto de los penales
En una sesión maratónica finalmente el Congreso de Nuevo León pudo aprobar la ley de Desarrollo Urbano de la entidad, norma que llevó el PAN y que requirió de fuertes cabildeos por la cantidad de intereses empresarios y políticos que esta ley toca.
Según afirman en el Palacio de Cantera, el gobernador Jaime Rodríguez no vetaría la ley pero a cambio quiere que el Congreso le otorgue a Manuel González el control de la situación penitenciaria. Es algo que hoy el secretario de Gobierno ya hace pero sin el aval del Legislativo.
Es un tema muy complicado porque la situación de inestabilidad en los penales ha llevado a que el Ejecutivo anuncie su idea de incluso privatizar determinados reclusorios que dependen del Estado. La gran duda que circula en los bloques del PRI y del PAN es sobre qué tipo de empresas darían ese servicio y cuál sería el nexo delas mismas con el gobierno del Estado.
Los motines han dejado en esta gestión 75 muertos en los penales. El Estado pide tener todas las facultades en esta área para poder llevar a cabo un plan integral que coordinaría el propio González.
Al inicio del mandata El Bronco dijo que terminaría el Penal de Mina iniciado por la gestión del priista Rodrigo Medina y abandonado desde el 2012. Incluso, el 11 de febrero del 2016, luego del motín que desató 49 reos muertos en el Topo Chico, el Mandatario anunció la reubicación de este viejo reclusorio a Mina y el 15 de ese mes insistió en que reactivarían el proyecto inconcluso.
El 3 de mayo, luego de una gira por el sur del estado, Rodríguez cambió de estrategia y planteó un nuevo penal en Galeana para generar empleos en esa zona y descarta Mina. El 28 de abril del 2016 mencionó que harían en Mina un penal temporal aprovechando las obras iniciadas mientras definían los recursos para el del sur del estado.
En julio de ese mismo año anunció que invertirían 100 millones de pesos para separar a los reos en el Topo Chico, donde la Federación ya les había aprobado un monto de 58 millones para los trabajos
Sin embargo en el Segundo Informe de Gobierno, El Bronco cambió y dijo que irían por la ampliación del Penal de Apodaca y que iniciarían obras en noviembre próximo.