Pese a que existen más de 2 mil edificios dañados, la Profeco sólo analiza 42 expedientes

 El 19 de septiembre se derrumbaron 44 edificios en la Ciudad de México a causa del sismo. En las horas siguientes a la tragedia se constató que algunos de ellos eran nuevos, apenas recién estrenados. A  más de dos meses, actualmente la Profeco analiza 42 expedientes contra las constructoras responsables y sus acciones al respecto.

Desde ese fatídico martes de septiembre hasta los primeros días de noviembre y a pesar de las múltiples demandas que se extienden también ante la Procuraduría capitalina -que ha acumulado hasta 140 expedientes-,  actualmente hay dos detenidos: el responsable de Obras del Colegio Rébsamen y el dueño del edificio de la calle Zapata, en la colonia Portales, cuya construcción estuvo a cargo de la empresa Canadá Building.

Esta es una de las firmas que acapara la mayoría de las quejas ante la procuraduría de defensa del consumidor que actualmente encabeza Rogelio Cerda, sin embargo, no ha atendido las citaciones de la procuraduría, según explicó a LPO la subprocuradora de servicios de Profeco, María de los Ángeles Jasso Cisneros.

Junto a ella, también hay denuncias contra  empresas como Parque Central Residencias, la única firma con la que actualmente se encuentran haciendo conciliaciones. También aparecen complicadas firmas como Dekha Asociados, Parque Residencial San Antonio, Residencial Insurgentes Norte y Desarrolladora Vertical Homes,

¿Qué capacidad tiene realmente la Profeco para actuar ante estas situaciones? ¿Cuáles son las penalidades y bajo qué circunstancias se aplicarían a las constructoras responsables? La Política Online conversó con especialistas y autoridades en la materia.

De acuerdo con las últimas modificaciones a la ley, la garantía que tienen los consumidores se extiende cinco años a partir de la entrega del inmueble. Por tanto, la multa por incumplimiento a quienes adquirieron un departamento pueden alcanzar 2 millones 600 mil pesos por cada departamento, según explicó la Profeco.

Los damnificados por el sismo - que va desde la pérdida de un bien inmueble, haber tenido alguna lesión o haber perdido algún familiar- pueden levantar una demanda basados en tres tipos de responsabilidades: la administrativa (que incluye la Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda en la Ciudad de México y luego el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México. Y que puede llevar al cese de un director de obra.

La segunda queda bajo el código civil, en donde pueden entrar hasta demandas por daño moral. Y Finalmente está la penal, que respecta a delitos como homicidio o lesiones).

Pero el consumidor además tiene la oportunidad de asistir a la Profeco, que otorga facilidades de conciliación y arbitraje y que tiene la capacidad de sancionar con multas, dependiendo el caso.

Para el abogado y académico de la UNAM, Francisco Ibarra Palafox, si bien alienta a que los consumidores busquen esta asistencia, reconoce que es limitada: "Las sanciones no son tan duras como lo es a través de la vía civil porque son multas y las empresas o directores de obra pueden seguir operando".

Y agrega que podrían haber mejoras, pues considera que bajo una sanción de multas, muchas empresas se pueden seguir arriesgando a vender inmuebles de baja calidad, corriendo el riesgo de ser sancionadas, pues los montos son relativamente superables por ellas, "nunca comparables con los millones de pesos que obtienen".

Palafox también criticó también que ni el reglamento de ley de desarrollo urbano como reglamento construcciones no tienen capítulo específico para medidas de seguridad en caso de sismo.

A pesar de estas deficiencias, el abogado asegura que los tribunales funcionan pero falta cultura por la legalidad. "Se debe ser paciente y no se debe fomentar la impunidad", señaló. Y es que recalca que al no denunciar estos hechos se fomenta la impunidad.

Para dar muestra de esto, el abogado apuntó a que el número de denuncias "es muy bajo". Hay que considerar que de acuerdo con las cifras oficiales del Gobierno de la Ciudad de México, ubicó a 1,500 edificios en amarillo, es decir, que pueden ser reparables y 500 en rojo, que son no reparables.

Por su parte, la procuradora aseguró que "tenemos todo un capitulo de derechos inmobiliarios un contrato registrado con ellos, el proveedor tiene varias obligaciones que cumplir ante el consumidor, como mostrar el proyecto de construcción, planos, materiales y publicidad".

Reconoció también que el nivel de quejas es bajo, asegurando que es importante que el consumidor conozca sus derechos que existe desde la reforma 2012 y recomendó que deben acercarse a esta procuraduría.