Los empresarios reclaman políticas activas para empujar el crecimiento
La política económica que ha sido implementada por el actual gobierno ha logrado su objetivo: reducir la incertidumbre que aseguren condiciones óptimas para la inversión internacional. A pesar del aumento de la inflación y la devaluación del peso, tanto el gobierno como el Banxico han adoptado una posición vigilante de las variables macroeconómicas relacionadas con la estabilidad financiera: el tipo de cambio, la inflación y la tasa interés.
Sin embargo, existe una sensación de pesimismo en el sector privado cuyo mayor temor es, precisamente, la evolución negativa de las variables macroeconómicas reales, entre las que se destacan el crecimiento, el empleo y el consumo. De hecho, diversos analistas advierten sobre la fuerte vulnerabilidad de la economía Mexicana ante cualquier shock externo y expresan que la evolución en el mediano plazo está sujeta a demasiados riesgos.
"No cuidar la marco puede acarrear problemas muy serios en el mediano plazo. Esto es precisamente lo que nos preocupa: la estabilidad de la macro, particularmente los efectos de la inflación sobre el consumo y la evolución de la deuda", afirmó el licenciado Luis Foncerrada Pascal, director General del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en entrevista con LPO.
Según él, más allá de las mejoras en las notas de las calificadoras internacionales, la deuda sigue constituyendo un peligro para la estabilidad, sobre todo debido al pago de los intereses de la misma. Como ya lo han afirmado otros analistas, cualquier shock que presione a una devaluación del peso produciría un aumento de los costos de la deuda, los cuales exigirán un aumento del gasto corriente del gobierno.
"A diferencia de lo que se cree, el gasto público ha aumentado significativamente pero solo la parte corriente de éste. La inversión pública y la formación bruta de capital (sobre todo en infraestructura) ha venido disminuyendo a lo largo de los últimos años. Esto, a pesar de un aumento sostenido de los ingresos públicos", comentó Foncerrada Pascal.
El gasto corriente incluye a las políticas asistenciales las cuales, históricamente, han tendido a incrementarse en tiempos electorales. Asimismo, otros rubros del gasto de importantes dimensiones son el asignado a las pensiones (el cual ha tendido ha incrementarse) y los programas de emergencia de ayuda a las regiones que han sido víctimas de los recientes desastres naturales.
Estos aumentos del gasto corriente podrían significar tomar más deuda en el futuro, hecho que aumentaría la necesidad de financiamiento aún más debido al incremento de los intereses de la deuda. Esto último podría incentivar nuevos procesos devaluatorios que, a su vez, incrementen el gasto corriente y produzcan efectos inflacionarios.
Según Foncerrada Pascal los recientes incrementos del gasto no han tenido un efecto significativo en la reducción de la pobreza y la desigualdad ni en el aumento del consumo. Por el contrario, este último se ha visto afectado negativamente por el aumento de la inflación no subyacente (alimentos y energía) el cuál es el que más afecta a la población.
Si bien durante el sismo el Estado ha otorgado apoyo financiero para la reconstrucción, también se hace necesario incentivar al sector de la construcción para que promueva la inversión y la generación de empleo.
"La actividad privada de la construcción no aporta por sí sola demasiado al PBI. Lo hace sí a través de la inversión pública ya que es el Estado quien contrata a las empresas del sector privado. De ahí la importancia del rol del Estado para garantizar el crecimiento", afirmó el director del CEESP.
En este sentido, es preciso mencionar que al cierre de 2016, la inversión pública representó un 3.1% del PBI, la más baja registrada desde la década de 1930.
"Los resultados indican que la declinación de la inversión pública -por sí misma y sin considerar su impacto en la inversión privada a través de efectos de atracción- ha tenido un gran impacto adverso en la tasa de crecimiento del PBI", agregó Noel Pérez Benítez, director General de Finanzas del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
Según datos del CEESP se necesitaría que el porcentaje de la inversión pública y privada sobre el PBI fuera del 25% para que la economía crezca por arriba de un 4% anual. Los últimos años dicha proporción no ha superado el 22%. Un mayor crecimiento garantizaría un aumento del empleo y del consumo, el cual tendería reducir la actual situación de vulnerabilidad.