Desde la M

Mendoza ya hace cambios en Poder Judicial y restablece nexo con el Congreso estatal

Movimientos decisivos. Crecen las ganancias de Marcuschamer.Lo que deja la Asamblea del PRI.

 Se comienzan a evidenciar los primeros cambios en el Poder Judicial del Estado tras la salida de Carlos Arenas. Francisco Mendoza, nuevo presidente,  ya decidió retomar el nexo con el Congreso estatal que controlan los partidos PRI y PAN. Para esto se espera designe a Antonio Perales, que ya estuvo en ese cargo y que es un funcionario de buena llegada a Héctor Gutiérrez de la Garza, a su vez hombre de Aurelio Nuño y Manlio Fabio Beltrones. Arenas tuvo una relación turbulenta con el Congreso y Mendoza quiere evitar nuevos roces. 

Sobre la asamblea nacional del PRI. Ya es casi un hecho que la senadora Cristina Díaz quedó fuera de la carrera para presidir la Mesa Directiva del Senado. El cargo será para otra mujer del tricolor. Según se comenta el error fue armar todo el cabildeo para llegar a ese cargo sin consultar antes con Emilio Gamboa.

Siguiendo con los asuntos del Congreso, ya sería un hecho que Jorge Mendoza, influyente cabildero del Grupo Salinas, vetó al diputado Andrés Cantú en sus aspiraciones para ser alcalde de Apodaca. Mendoza no está conforme con ciertas maniobras del diputado hacia el interior de la bancada y ciertos asuntos de trámite legislativo que ha descuidado cuando se le pidió que les diera seguimiento. 

Crecen las utilidades de la constructora regia  Javer que se confirma como un líder en el segmento de viviendas medias a nivel nacional. De allí provienen el 80% de sus ingresos. Es un dato empresario pero también político porque el fundador de ese negocio es Salomón Marcushamer uno de los empresarios más cercanos al Bronco y que lo alienta en su aspiración presidencial pero siempre recordando que debe retener lo logrado en Nuevo León.

Un aporte desde la  Procuraduría de Justicia estatal. Mucho se comenta sobre la falta de efectivos en Fuerza Civil pero lo cierto es que para reclutar 15 elementos se requiere de antemano de una convocatoria de 500 personas. Las pruebas de confianza de esta corporación así como sus exámenes físicos son los más exigentes a nivel federal. De ahí la dificultad en ampliar esa nómina que es crucial para la seguridad en el Estado.