Macri libra una dura pelea judicial y de negocios con Odebrecht
El presidente argentino, Mauricio Macri, libra una sorda pulseada judicial y de negocios con la multinacional brasileña Odebrecht, denunciada en todo el continente y cuyo esquema de mega corrupción provocó que este viernes arrestaran al ex presidente peruano, Ollanta Humala.
Macri dispuso esta semana que su procurador, Bernardo Saravia Frías, denunciara las tres obras que le quedan en la Argentina a Odebrecht, por presunto corrupción. Además hace quince días ordenó a su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que los excluyera del registro público para poder ser contratista del Estado.
Detrás de esa embestida se cuece una relación muy sinuosa con la denunciada compañía. Durante los doce años de Néstor y Cristina Kirchner en el poder, el primo de Macri, Angelo Calcaterra, fue uno de los más beneficiados con la ahora denunciada obra pública del kirchnerismo.
Calcaterra le compró al padre de Macri la constructora Iecsa, justo cuando su hijo comenzó a descollar en política como alcalde de Buenos Aires. Para muchos en el sector fue una venta simulada, para eludir los evidentes conflictos de interés.
En ese momento Iecsa, asociada con la italiana Ghella, tuvo a su cargo la obra más grande de los ocho años de Macri como alcalde. La ampliación del entubamiento subterráneo del arroyo Maldonado que corre bajo la avenida Juan B. Justo. Con esa obra Macri logró terminar con las inundaciones en los barrios de Palermo y buena parte de Belgrano.
Guella es una compañía italiana especializada en operar tuneladoras para grandes obras. El padre de Macri -creador de la fortuna familiar- nació en Italia. El presidente argentino mantiene desde que asumió revitalizó los históricos lazos de Argentina e Italia, tanto con el gobierno como con los empresarios italianos.
La firma de su primo Angelo Calcaterra y la italiana Ghella estaban asociados a otra gran obra: El soterramiento del tren Sarmiento que vincula a Buenos Aires con el oeste de su área conurbada. Es la obra más importante de Odebrecht en Argentina con un costo de alrededor de u$s 3.000 millones.
Gustavo Arribas, el denunciado jefe de inteligencia de Macri.
Cuando estalló en toda su dimensión el caso Odebrecht, Macri empezó a presionar para bajar a la empresa brasileña de la obra, en su momento acordada por las presidentas Cristina Kirchner y Dilma Rouseff.
En ese momento apareció un financista que lavaba coimas para Odebrecht llamado Leonardo Meirelles, denunció que había pagado coimas a Gustavo Arribas, jefe de los servicios de inteligencia de Macri. Fue un gran escándalo que la justicia sigue investigando.
Macri, confirmaron a LPO fuentes al tanto de las negociaciones, interpretó la denuncia como una extorsión de Odebrecht y reaccionó furioso. Mandó a su ministro de Justicia, Germán Garavano, a conseguir toda la información que hay en Estados Unidos y Brasil sobre las coimas que pagó Odebrecht en Argentina. Pero como se firmaron acuerdos de confidencialidad, el minusrto fracasó en su cometido.
En ese pico de la pelea, un diario brasileño reveló que en la computadora de otro arrepentido de Odebrecht se consignaba el pago de coimas por u$s 10 millones a Angelo Calcaterra, el primo de Macri.
El presidente argentino siguió presionando para que la multinacional brasileña cediera su parte en la obra del Sarmiento a la italiana Ghella y finalmente lo consiguió.
Pero la pelea no fue gratis para Macri. Su primo Calcaterra tuvo que mal vender su exitosa constructora, presionado por el escándalo público que había empezado a acorralarlo.
La pelea obsesionó de tal manera al presidente argentino que llegó a enviar al Congreso una ley especial para permitir que los ejecutivos de Odebrecht confesaran ante su procurador y obtuvieran acuerdos de inmunidad. Macri también creía conseguir de esa manera información valiosísima sobre las coimas que cobró el kirchnerismo para utilizar contra la ex presidenta Cristina Kirchner que ahora compite por una banca de senadora nacional en las elecciones de octubre.
La ex presidenta Cristina Kirchner.
El problema es que el sistema legal argentino no permite que un funcionario nombrado por el presidente como el procurador del Tesoro pueda otorgar inmunidad a gente que haya cometido delitos penales. El artículo fue eliminado. Pero la pelea continúa.