Fisuras en la Corte por el fallo que ordenó resguardar las bitacoras de vuelo de Peña Nieto
La discusión sobre la publicación de las bitácoras de vuelo del avión presidencial sigue generando divisiones hacia el interior de la Suprema Corte. El máximo tribunal resolvió que estos datos no deben ser públicos por una cuestión de seguridad nacional pero la decisión se logró con 6 votos sobre 9 integrantes. El ministro José Ramón Cossio Díaz era el impulsor más fuerte hacer pública toda la información.
El debate comenzó cuando la Consejería Jurídica de la Presidencia a cargo de Humberto Castillejos impugnó una resolución del INAI que ordenaba al Estado Mayor Presidencial entregar información de las bitácoras de vuelo de todas sus aeronaves utilizadas durante cuatro meses en 2014.
La Consejería consideró que divulgar la información pone en riesgo la seguridad nacional, ya que revelaría el establecimiento de patrones específicos de vuelo; la identificación de las personas; hora y lugar de ubicación; el conocimiento de datos estratégicos, además de que se haría una apreciación errónea de la publicidad de la agenda de Enrique Peña Nieto.
Si ben la decisión salió en el sentido que esperaba Castillejos, comienzan a aparecer señales de malestar en el tribunal que tuvieron su comienzo en enero en el estallido del gasolinazo. Desde entonces hay resoluciones que opera el Gobierno que ya encuentran rechazos fuertes en los ministros Cossio Díaz, Margarita Luna Ramos y Javier Laynez.
Este último propuso a sus homólogos que el INAI solo entregue al particular que requirió los datos, la información relativa a lugares, horas de salida y llegada, incluyendo aeropuertos y helipuertos, pero no más. Ni siquiera esa salida intermedia prosperó.
El contrapeso es Luis María Aguilar que se ha transformado en socio principal de Los Pinos en las intrigas de la Corte y sobre quien comienza a pesar el malestar del resto de los integrantes del tribunal.
El temor del Gobierno es que si se comienza a transparentar el uso de las aeronaves desde la oposición comienzan las acusaciones de utilizar bienes del Estado para fines electorales, esto por no mencionar los empresarios que de vez en cuando viajan junto al presidente.