CNDH retó a Peña Nieto: "Antes de Ley de Seguridad, ley contra la tortura"

En el marco del informe Anual de Actividades 2016 de la CNDH, Luis Raúl González Pérez criticó que durante la administración de Enrique Peña Nieto no se han visto bajo una "óptica integral" los retos de la inseguridad, la violencia y la justicia, de modo que -en su opinión- "enfoques parciales sólo producirán soluciones parciales que no resolverán los problemas de fondo", advirtió.

"La existencia de un marco normativo que regule las tareas, que con carácter extraordinario llevan a cabo las Fuerzas Armadas desde hace más 10 años, respecto a la seguridad de las personas, no implica por sí misma la solución a la inseguridad, violencia y falta de acceso a la justicia.

"La participación de Fuerzas Armadas en actividades vinculadas a la seguridad de las personas no es lo más deseable, como tampoco lo es la emisión de la ley que se ha planteado", expresó González Pérez.

En el mismo sentido, para el titular de la CNDH se daría una muestra clara de empatía con las víctimas de la violencia y de sensibilidad a los reclamos la sociedad civil, "si con el mismo interés y empeño que con que actualmente se promueve el proceso legislativo para una Ley de Seguridad Interior, se impulsaran los procesos relativos a las leyes generales sobre desapariciones y tortura, se reconociera la competencia del Comité Contra la Desaparición forzada de la ONU y se elaborase una ley sobre el desplazamiento forzoso interno", reprochó.

Durante el duro discurso que dio en la residencial oficial de Los Pinos, acompañado del presidente, secretarios del Gabinete y miembros del Sistema Nacional de Seguridad, el ombudsman nacional hizo público su deseo de por el regreso paulatino del Ejército, Armada y Fuerza Aérea a sus funciones constitucionales, para dejar así las tareas extaordinarias en materia de seguridad.

"La seguridad vinculada a las personas debe estar a cargo de instituciones de carácter civil; las Fuerzas Armadas deben volver, cuando las condiciones del país así lo permitan, a las funciones que le son propias, pero bajo un programa gradual y verificable.

"El carácter extraordinario de su participación en tareas de seguridad, sobre todo en su interacción con la población civil, no debe asumirse como algo permanente ni promoverse que así sea", dijo el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por último, González Pérez apuntó que bajo ninguna circunstancia debe propiciarse la restricción o la limitación indebida al legítimo ejercicio de derechos como le de "la protesta social, la libertad de expresión o la libertad de tránsito, entre otros".

"En caso de que se determine la pertinencia de elaborar una ley en materia de seguridad interior, necesariamente se debería tomar como premisa el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas, así como la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que, en materia de seguridad pública, contempla el artículo 21 Constitucional, y lo previsto en el artículo 89, fracción VI, de nuestro máximo ordenamiento, en lo concerniente a la seguridad interior y defensa exterior de la Federación", concluyó.