Mancera cree que el Consejo Ciudadano es su punto débil y piensa cambios en su Constitución

La embestida del Gobierno Federal contra la Constitución de la Ciudad, la bandera de Miguel Ángel Mancera para salta a la campaña presidencial, forzó a que su equipo de asesores jurídicos a una análisis exhaustivo sobre todo el documento para que el 4 de abril pueda presentar su propuesta revisada, más sólida ante la lluvia de impugnaciones.

Desde ese día, la Corte Suprema tendrá un tiempo indeterminado para fallar en favor de cualquiera de las dos propuestas: la revisada de la Ciudad o la que presentó el Gobierno de Peña Nieto, con 39 modificaciones a los 71 artículos del proyecto.

"Aun estamos analizando qué puntos seguiremos manteniendo intactos y cuáles estamos dispuestos a ceder ante la impugnación generalizada. Pero creemos que la mayoría deben sostenerse tal cual están, salvo algunos puntos que ya se nota que son problemáticos como el de la creación del Consejo Ciudadano Judicial", señaló a La Política Online uno de los hombres que revisa punto por punto de la Carta Magna en representación de la Asamblea Legislativa del DF.

El Consejo Ciudadano es un órgano nuevo, establecido en el articulo 42, conformado por 11 personas -siete profesionales en Derecho-, propuestas por instituciones académicas, colegios de abogados, organizaciones civiles y sociales, que deberán ser designadas por dos tercios del Congreso. Todos ellos propondrían, por primera vez en la historia, a los candidatos para ocupar las siete sillas del Consejo de la Judicatura. 

Quitar el Consejo Ciudadano es una concesión de Mancera hacia la Suprema Corte. Los ministros temían que ese organismo se vuelva un antecedente para el resto del país.

Se trata de un giro sin precedentes, pues ciudadanos de a pie -en principio- tendrían la capacidad influir sobre un órgano clave: el Consejo de la Judicatura se encarga nada menos que de la evaluación y remoción de jueces y personal del Poder Judicial. 

La Política Online ya había revelado el malestar que generaba este artículo entre la propia Corte Suprema. Claro, se trata de un golpe al poder mismo de la corporación judicial, en un antecedente que podría podría replicarse en todo el país. Por eso varios ministros de la Corte presionaron para Humberto Castillejos impugnara específicamente esta innovación. 

"Es en el único punto que vemos hasta ahora una verdadera incompatibilidad con la Constitución Federal, porque ahí no existe la creación de esta figura. En su artículo 122, que habla de la autonomía de la Ciudad de México, no establece esta posibilidad y por lo tanto, para que no haya superposición de facultades, habrá que anularla", señalaron desde la ALDF.

Es, sin dudas, una primera concesión que haría Mancera a la misma Corte para ver si de este modo allana el camino para una resolución favorable en el resto de las impugnaciones. 

Más aún, Mancera ya dudaba en introducir este concepto desde que se propuso en su Grupo de Notables. Lo había anticipado este medio: a través de Rogelio Muñiz, Secretario Ejecutivo del Grupo, hizo llegar sus objeciones. Temía entonces que los jueces quisieran frenarla. La mayoría creía que no pasaría en la Asamblea, pero igual querían dejar una marca "progresista" en el anteproyecto.

 En diálogo con este medio, el Consejero Jurídico de la Ciudad, Manuel Granados, aseguró: "Buscaremos mantener la Constitución tal cual está, porque así se ha votado en una asamblea democrática".

Si Los Pinos hubiese visto problemas en algunos puntos tendría que haberlo transmitido vía Camacho, que participó de la Constituyente. Desconozco si Castillejos llamó o no a Mancera, pero ese no es el mecanismo.

Castillejos dijo que platicó con Mancera para avisarle que había artículos que podrían ser impugnados por contradecir la Constitución. Granados le respondió que "si el Gobierno Nacional quería frenar algún articulo debiera haberlo hecho en la Asamblea Constituyente, donde tuvo representantes".

"Estamos hablando de actos consentidos. Si el Ejecutivo hubiese visto problemas en algunos puntos tendría que haberlo transmitido a través de César Camacho, que participó de la Constituyente, o vía el presidente de Puntos Constitucionales del Senado, Enrique Burgos García. Si llamó a Mancera o no lo desconozco, pero ese no es el mecanismo", declaró.

Además, Granados alertó sobre los riesgos que implican estas impugnaciones: "Si la Corte se tarda en tomar su decisión podría problematizarse la elección de la Ciudad, porque se estarían violando los tiempos establecidos para aprobar candidaturas".

Y concluyó: "En el caso de que la Corte decida a favor de lo presentado por el gobierno federal, tendría que ser la Cámara de Diputados -como constituyente permanente- quien decida el futuro de la Constitución. Mientras tanto, la Constitución tendrá vigencia, hasta que se diga lo contrario".