Análisis: Las grietas entre el PRI y PAN para regular la intervención militar contra el narco
Las palabras de Salvador Cienfuegos ingresaron como una filosa daga en el corazón del sistema político mexicano. El malestar en las Fuerzas Armadas por la desprotección jurídica en la quedaron tras la sangrienta guerra contra el narco quedó una vez más en evidencia. "Estaría encantado de volver a los cuarteles", llegó a decir el Secretario de Defensa Nacional. Más explícito imposible.
La queja generó una automática reacción entre los principales actores políticos. El primero en salir a apoyar este planteo fue Miguel Ángel Osorio Chong. Previsible. El propio Peña Nieto reconoció más tarde que los soldados están para otras funciones. Empresarios y legisladores de la oposición aceptaron que es un debate que no se debe retrasar más.
En rigor, en el Congreso ya hay dos grandes proyectos que parecen ser la punta de lanza de la discusión. Uno lo ingresó en San Lázaro César Camacho, líder de la bancada del PRI. Al hacerlo, se encargó de filtrar a los medios de comunicación que esta iniciativa tenía el aval de Cienfuegos. El otro lo generó el panista Roberto Gil Zuath, en este caso en el Senado.
Pero, ¿por qué se dice que el proyecto del PRI es un "cheque en blanco" para las Fuerzas Armadas? La Política Online analizó la redacción de ambas iniciativas para encontrar los puntos de divergencias, que efectivamente son muy profundos.
En principio, hay que decir que tanto el PRI como el PAN plantean la necesidad de establecer un marco jurídico que justifique y acompañe el despliegue de las Fuerzas Armadas para cumplir funciones de Seguridad Interior.
Los dos intentan establecer un marco de condiciones para decidir la intervención militar. Sin embargo, Gil Zuarth establece mayores restricciones, además de procedimiento y protocolos de acción más claros, mientras que el proyecto del PRI es más laxo en torno a los límites para las FFAA.
El primer gran ejemplo de estas diferencias se nota en la emisión de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, punto de partida para poder utilizar a las FFAA en temas que constitucionalmente no le corresponden.
El PRI plantea que la Declaratoria la podrá hacer el Presidente "en ejercicio de sus facultades" o a petición de las legislatura de las entidades federativas, "previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional".
Pero luego aclara que en casos de "grave peligro" se podrá realizar el despliegue inmediato de las fuerzas "sin perjuicio de la emisión de la Declaratoria en el menor tiempo posible". No queda claro cuáles son los casos de gravedad. Además, César Camacho establece que la Declaratoria podrá se renovada "cuantas veces sea necesario".
En este mismo punto, Gil Zuarht impone una mirada más cuidadosa, al incluir la creación de un Comité de Seguridad Interior, que estará presidido por el titular de la Segob, pero que también tendrá la participación del presidente de la Bicameral de Seguridad -que bien podría ser de la oposición-. Así, sienta en la mesa de decisiones al Poder Legislativo.
En esa misma línea, las limitaciones de la Declaratoria del panista son mayores: tendrán un tope temporal de seis meses, con una posibilidad de prórroga por otros seis meses. Después de ese tiempo, irremediablemente los soldados deberían dejar el territorio que ocuparon para brindar seguridad.
Gil Zuarth encuentra en el Senado el contrapeso para las decisiones que tome este Comité, que tendrá mayoría de funcionarios federales. ¿Cómo? Establece que con mayoría simple del pleno en la Cámara Alta se podría "dictaminar la pertinencia de poner fin a la vigencia de una declaración de afectación a la seguridad interior". Así, la Cámara Alta tendría la capacidad de desmovilizar a las tropas.
En materia de inteligencia se repite el mismo esquema. Camacho plantea que al desarrollar tareas de inteligencia, las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas "podrán hacer uso de cualquier método de recolección de información". Se trata de una frase que sin dudas enciende alarmas en los organismos de Derechos Humanos.
Sobre este mismo punto, el panista propone la intervención de Juzgados de Control, en donde se deberán presentar requisitos para intervenir comunicaciones. También se impone un plazo de seis meses, con una sola prórroga.
Estos son algunos ejemplos de los puntos que deberían empezar a debatirse en el Congreso. Un debate que, otra vez, es empujado con insistencia por Salvador Cienfuegos, mientras el oficialismo y oposición no logran instalar una agenda legislativa en materia de seguridad: otro botón de muestra es la congelada iniciativa de Mando Único que se transformó en Mando Mixto, y nunca prosperó.