El Gobierno espera un nuevo fallo de la Suprema Corte a favor del SAT

El máximo tribunal dio a conocer el proyecto de resolución que declara constitucional la obligación de presentar información sobre las operaciones relevantes que celebren los contribuyentes con empresas relacionadas. Este proyecto será considerado en la sesión del 9 de noviembre.

La Corte estaría convalidando la obligación de los contribuyentes a proporcionar información que no necesariamente tienen a su alcance y que jurídicamente no están obligados 

En este proyecto se propone negar el amparo presentado por contribuyentes, al considerar que la obligación contenida en el artículo 31-A del Código Fiscal de la Federación encuentra su justificación y objetivo fundamental, en que la Administración Tributaria pueda ejercer sus funciones de manera efectiva, contando con información relevante en forma oportuna.

Con este caso la Corte pondrá en evidencia su relación actual con el Gobierno porque allí esperan que declaren constitucional una norma que es muy cuestionada en el sector empresario.

En las últimos meses la Corte ha fallado en reiteradas ocasiones a favor del fisco. Por ejemplo en el caso de los contribuyentes que se ampararon contra artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) que consideraban afectaban la equidad tributaria, la Corte  declaró constitucional esta medida, que tendrá un fuerte impacto sobre los mejores salarios corporativos.

Otro caso es el del Artículo 28 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de la Reforma Fiscal, aprobada en 2013 y que entró en vigor en 2014 y que pone un tope a las deducciones que pueden hacer las empresas de las prestaciones de previsión social que dan a sus trabajadores. Del 100 por ciento que podían deducir, ahora serán sólo de 47 hasta 53 por ciento, dependiendo del caso.

Algunas prestaciones de previsión social son los vales de despensa, de gasolina, seguro de vida, guarderías, becas y ayuda escolar y reparto de utilidades. Miles de empresas se ampararon contra este artículo, pero la SCJN determinó que es constitucional.