El PAN quiere que el voto sea obligatorio y plantea sanciones para la abstención
El Pan ya se prepara para el 2018. Y así como sus candidatos ya hoy plantearon presión al presidente del partido, Ricardo Anaya, para que decida si seguirá año rente de la fuerza iolitica o competirá pro la presidencia, también atacaron el frente legislativo. Y ahora, buscan multar a quienes se abstengan de participar en las urnas, como un modo de contrarrestar el aparato priista, que en la mayoría de los casos se ha beneficiado de la baja participación ciudadana, impulsando a sus filas desde la militancia.
Para eso, la senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Sandra Luz García Guajardo, propuso una iniciativa para reformar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
"Queremos legitimar el acceso al poder público y hacer efectiva la suspensión de los derechos y prerrogativas contempladas en la Constitución a quienes no votan sin causa justificada", explicó Guajardo.
Y señaló: "En México el voto obligatorio está regulado constitucionalmente, aunque carece de los mecanismos legales o procedimientos para aplicar sanciones cuando se incumpla la obligación. Eso lo deja en un vacío legal que permite un alto nivel de abstencionismo, que de hecho es lo que sucedido en varios estados y a nivel nacional desde hace años".
Así, precisó que la reforma a los artículos 447 y 456 de dicha ley tiene por objeto sancionar el incumplimiento de acudir a votar en los procesos electorales, y para ello se propone considerar como infracción de los ciudadanos, dirigentes y afiliados a partidos políticos, la no emisión del voto; sancionar, en caso de no acudir a votar, con la suspensión de la credencial para votar como identificación oficial por un año.
La propuesta contempla excepciones y sostiene que no tendrán sanción los ciudadanos que no pudieron votar por caso fortuito o fuerza mayor comprobada; los mayores de 70 años; los que se hubieran ausentado de territorio nacional, acreditando el hecho por cualquier medio probatorio aceptado por la autoridad competente.
Además, establece que “los ciudadanos que no hubieran podido sufragar por causa justificada deberán presentarse ante la autoridad competente en un término no mayor a treinta días después de la elección, con las pruebas que acrediten su impedimento. Vencido este término no se admitirá justificación alguna”.
La legisladora aseguró que "sólo con un mayor número de votantes se podrá obtener la legitimidad y consenso que requieren los actores políticos y gobernantes para convalidar sus acciones" y detalló que en países como Argentina, por no votar se aplica una multa que va de 2 a 20 pesos mexicanos, además de no poder ser designado para desempeñar empleos públicos por tres años, y en Bolivia, 416 pesos mexicanos o arresto.
La iniciativa, suscrita por diversos senadores, se turnó a las comisiones unidas de Gobernación, y de Estudios Legislativos Primera, para su estudio y dictamen.