Acusan a Ayuso de promover la "ley ómnibus" para quitar atribuciones a la Asamblea de Madrid
Isabel Díaz Ayuso se propone aprobar una ley que busca modificar una serie de normas y decretos que podría transformar aspectos claves de la Comunidad de Madrid y, fundamentalmente, los mecanismos de control parlamentario. El proyecto, que tiene carácter de urgente, avanzó en pleno receso de Navidad y sin consultar a los grupos afectados, acotando la posibilidad de presentar alegaciones a los partidos de la oposición.
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La llamada Ley de Medidas Urgentes es la gran apuesta del PP de Madrid y prevé recortes a las competencias de los municipios en áreas como sanidad, servicios sociales y ordenación territorial. Desde el gobierno regional aducen que el proyecto busca apuntalar la actividad económica y "modernizar" la administración pública, pero la oposición desconfía de las intenciones de Ayuso.
Mónica García, acusó a Ayuso de "saltarse todos los procedimientos" al registrar un proyecto que, según la líder de Más Madrid, "le pone la alfombra roja a la especulación y a los pelotazos urbanísticos, elimina la obligación de hacer públicas las agendas de los miembros del gobierno y los cargos públicos y atenta contra la independencia de la Cámara de Cuentas".
Juan Lobato, secretario general del PSOE Madrid y portavoz en la Asamblea regional, dijo a LPO que "son ideas discutibles, mejorables y analizables, que seguro que con algunas modificaciones pueden ayudar a que funcione mejor la Comunidad de Madrid", aunque hacerlo de "la manera que lo han hecho no ayuda nada". El PSOE llegó a presentar alegaciones al proyecto.
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PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, así como los colectivos implicados, apuntan a la creación de una agencia de contratación sanitaria, que podría abrir la puerta a futuras privatizaciones en el sector, ya que no contaría con fiscalización de la Asamblea en torno a las adjudicaciones. Ayuso tendría la potestad de nombrar a la dirección de la agencia. Algo similar ocurre con la Cámara de Cuentas, el órgano de control de las administraciones de la Comunidad.
Juan Lobato, secretario general del PSOE Madrid y portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.
El proyecto del PP busca renovar la Cámara a través de una modificación de su composición, que pasaría de los dos tercios a una mayoría simple, lo cual beneficia a los populares. "Lo que se ha pedido es la retirada de esa tramitación y que se organice una nueva lógica con unos plazos ordinarios y contando con agentes sociales y resto de los grupos políticos", dice Lobato, que lamenta que tampoco "se haya tenido en cuenta la opinión de los ayuntamientos".
Unos 47 colectivos recogieron recientemente más de 50.000 firmas para que Ayuso retire el anteproyecto, que podría ser debatido en la Asamblea entre finales de febrero y comienzos de marzo y ver la luz con la sola abstención de Vox. Otro de los puntos cuestionados de la legislación es la agilización en el trámite de las licencias urbanísticas y que libera a las empresas constructoras de la obligación de ceder los suelos a los ayuntamientos.
La ley ómnibus modifica artículos de legislaciones sensibles como la ley del suelo, y muchos temen que los cambios habiliten la edificación en espacios protegidos de la Comunidad. "Lo que busca Ayuso es desregular aún más el mercado del suelo. Si para ser declarados de interés público había que demostrar el impacto de estos proyectos sobre el conjunto de la comunidad, ahora ya no", explica a este medio Alejandro Sánchez, diputado de Más Madrid.
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De esta forma, cualquier inversor, sea público o privado, "puede presentar un proyecto al gobierno, y si lo considera de interés regional, sin ninguna demostración, entonces pasa a ser de interés público y consigue las prerrogativas de expropiación de terrenos y construcción en suelo no urbanizable". Para el diputado, el anteproyecto es, en esencia, "una vuelta de tuerca más a la liberalización que ha realizado el PP a lo largo de los años".
Más allá de las alegaciones presentadas y de una eventual aprobación en la Asamblea, Ayuso se ha ganado la enemistad no solo de sindicatos, colectivos sanitarios y grupos ambientalistas, sino de los taxistas, porque el proyecto regula las VTC, y de la administración pública, en su afán por modificar las condiciones laborales de bomberos, policías y agentes forestales. Si la oposición a la ley crece, la presidenta madrileña podría verse obligada a consensuar un nuevo borrador con los grupos afectados, lo que dependerá de su poder de presión.