Coronavirus

El Gobierno se desmarca de Austria y rechaza la vacunación obligatoria

Isabel Rodríguez sostuvo que la situación epidemiológica "no es comparable". La ley austríaca habilita a la Policía a controlar si los ciudadanos están vacunados o no.

 Ante las versiones sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el Covid-19, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha salido a desvincularse de la decisión adoptada por Austria. La ministra de Política Territorial y portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, sostuvo este lunes que la situación "no es comparable" y aprovechó para reivindicar la campaña de inoculación llevada adelante por Sanidad.

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"Ningún otro país de nuestro entorno ha respondido como España a la estrategia de vacunación", respondió Rodríguez, quien destacó que más del 90 por ciento de los españoles mayores de 12 años ya ha completado el esquema de vacunación, a diferencia de otros países de la UE. La opción de la vacunación obligatoria había sido sugerida por el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, a comienzos de diciembre.

Alemania había planteado la posibilidad ante el aumento de casos y una porción de la sociedad que rechaza aplicarse las dosis correspondientes. Pero ayer domingo el gobierno austríaco confirmó que a partir del 1 de febrero la vacuna será obligatoria para todos los mayores de 18 años, lo que convierte a Austria en el primer país de la UE en aplicar una política semejante. 

Lo más llamativo de la ley austríaca es que la Policía tendrá la potestad de efectuar controles aleatorios en calles para comprobar si los ciudadanos están vacunados o no. También se prevén multas

La idea de la vacunación obligatoria, al igual que la aprobación del pase sanitario, es una medida que ha levantado críticas e intensas protestas en diferentes partes de la comunidad, desde Italia hasta Países Bajos, donde se intentó promoverla o al menos en los cuales se puso sobre la mesa.

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Lo más llamativo de la ley austríaca es que la Policía tendrá la potestad de efectuar controles aleatorios en calles para comprobar si los ciudadanos están vacunados o no. También se prevén multas. "No se trata de una lucha entre vacunados y no vacunados, sino del bien común, de preservar la libertad", intentó explicar el canciller Karl Nehammer al presentar la medida.