Los demócratas quieren que Puerto Rico deje de ser un paraíso de critomonedas
Puerto Rico suspendió 141 decretos fiscales que beneficiaba a inversores bajo la Ley 22-2012 por no cumplir con los requisitos de reporte fiscal anual, según un informe que evalúa el desempeño de estos estímulos oficiales bajo el Código de Incentivos enviado al Gobierno y a la Asamblea Legislativa.
La suspensión, realizada en 2021, es el resultado de una auditoría realizada sobre los decretos otorgados bajo esta normativa en la que se notificó a 1.086 beneficiarios el posible incumplimiento de la presentación de los informes anuales, según el informe elaborado por el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC). En noviembre de 2020 había 2.331 decretos de Ley 22.
La isla ha revocado un total de 170 decretos de Ley 22 desde que el programa comenzó a funcionar en 2012. Entre 2012 y 2020, el DDEC había suspendido otros 29 decretos, según el informe.
El documento, de 44 páginas, califica como positivo el impacto de tres programas incluidos en el código de incentivos: residente inversionista, médicos cualificados e investigadores científicos.
Sobre el programa de residente inversionista, en el que se enmarca la Ley 22, considera que el retorno a la inversión es infinito. "Si dicho programa no existiese, nada de la actividad que provocan estos individuos estaría ocurriendo. Lo cual aporta a un cálculo de retorno de inversión infinito", dice el informe elaborado por el DDEC.
En total, Puerto Rico ingresó 95 millones de dólares en 2017 y 2018 en concepto de impuestos por las inversiones generadas como consecuencia de las exenciones fiscales concedidas en el marco del programa de inversores residentes.
Los decretos concedidos en virtud de la Ley 22 son un tema controvertido debido a sus onerosos beneficios fiscales. Entre otras ventajas, la norma exime del pago de impuestos sobre la renta en Puerto Rico y concede una exención del 100% a todos los ingresos pasivos generados por residir en la isla, incluidos los pagos de dividendos, por ejemplo.
Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico.
La medida está posicionando al Estado Libre Asociado como uno de los centros del ecosistema bitcoin, ya que también exime el pago de las ganancias de capital. Se trata de un territorio dentro de la legislación estadounidense con grandes beneficios para las industrias digitales como las criptodivisas.
El mecanismo también ha logrado que muchos millonarios estadounidenses y agentes de bolsa de Wall Street se hayan mudado a residir en Puerto Rico para disfrutar de estas ventajas.
Sin embargo, la Ley 22 enfrenta varias críticas por el limitado impacto que tiene en Puerto Rico en un momento en que la isla, con una deuda de 74.000 millones de dólares, lleva cinco años en bancarrota. Con el objetivo de que estos incentivos tengan un mayor impacto económico, el senador boricua Juan Zaragoza planea introducir este mes una enmienda para que la ley obligue a sus beneficiarios a alcanzar ciertos niveles de inversión y empleo. La Ley 22 también ha encontrado oposición a nivel federal de algunas importantes figuras demócratas como Chuck Schumer, el líder de la mayoría en el Senado.
En febrero de 2021, el político sugirió que el acceso de la isla a fondos federales quizá debería condicionarse a la eliminación de ciertos incentivos fiscales como la Ley 22.
Posteriormente, Schumer matizó sus palabras al aclarar que no apoyaría una propuesta que busque limitar los fondos federales a Puerto Rico, pero se expresó en contra de la medida fiscal. Los fondos federales son una de las principales fuentes de ingresos del gobierno del Estado Libre Asociado.
Mientras tanto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, inglés) anunció el año pasado que tiene varias auditorías en curso en torno a los beneficiarios de la Ley 22. El objetivo del IRS es verificar que esos contribuyentes cumplen correctamente con sus obligaciones fiscales. El resultado de esas auditorías todavía no ha sido publicado.