Yolanda Díaz no encuentra apoyos en el Congreso a la reforma laboral y los empresarios condicionan el acuerdo
La reforma laboral enfrentará su verdadera prueba de fuego en el Congreso, donde los diputados deberán dar luz verde o no al proyecto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pactó con los empresarios y los sindicatos la semana pasada. Sin embargo, el gobierno no cuenta con los votos necesarios para su aprobación y los interlocutores de la Moncloa ya están tanteando el terreno.
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La reforma es un compromiso con Bruselas para el desembolso de los fondos comunitarios de recuperación y a la vez una condición necesaria, por lo que la urgencia determina los plazos del gobierno. El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, hizo público esta mañana que no descartan el apoyo de Ciudadanos. "Aquellas formaciones que entiendan que algo es bueno para España y decidan apoyarlo pues bienvenido sea", dijo.
Pero el mensaje iba dirigido a los socios del gobierno en el Congreso, en particular a ERC, PNV y EH Bildu. Ambas formaciones rechazaron el marco laboral que la ministra de Trabajo Yolanda Díaz pactó con los agentes sociales porque consideran que la derogación de la legislación que aprobó Mariano Rajoy en 2012 no es total. La vicepresidenta segunda aclaró que técnicamente es imposible derogarla.
Gabriel Rufián admitió que "hay muchísimo margen de mejora" y su colega, la portavoz de Bildu Mertxe Aizpurua, advirtió que buscarán plantear cambios al proyecto en el pleno. Los empresarios, en tanto, salieron a presionar a Sánchez y Díaz. El "número dos" de CEOE dejó en claro que si se toca una sola coma del acuerdo, la reforma laboral volverá al punto de partida. "Si PSOE y Unidas Podemos, partidos que sustentan al gobierno, participan en el cambio de lo sustancial, sería una traición al diálogo social", dijo Lorenzo Amor.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pide revisar la reforma.
LPO consultó al presidente de la comisión de Trabajo del Congreso, Antón Gómez Reino, sobre la viabilidad de la reforma. "Es la primera vez en 40 años de democracia en la que se invierte la correlación y son los trabajadores y las trabajadoras los que ganan derechos. El acuerdo ha sido conseguido en el marco del diálogo social junto a los sindicatos y con la patronal sentada a la mesa. No nos cabe duda de que esta ley tendrá mayoría parlamentaria", apunta.
El diputado de Podemos considera además que la reforma aprobada este martes por el Consejo de Ministros "combate la precariedad con todos los instrumentos al servicio del Estado". "Se reequilibra la negociación colectiva dando de nuevo más fuerza en las relaciones laborales a la representación de los trabajadores, los sindicatos de clase. Y se sitúa al mercado laboral español en el siglo XXI consolidando herramientas como los ERTES que evitan que las empresas despidan a sus trabajadores", agrega Gómez Reino.
Yolanda Díaz y el diputado de Unidas Podemos Antonio Gómez Reino.
Pero los socios de investidura de Sánchez parecen dispuestos a forzar una reapertura del proyecto. Aseguran que la norma no plantea el aumento de la indemnización por despido, pero las observaciones sobre el proyecto son ambiguas y poco concretas. Las formaciones nacionalistas apuestan más bien a probar una vez más su capacidad negociadora. Si PSOE y Podemos deciden tramitar la reforma como proyecto de ley, entonces ERC, PNV y Bildu podrán presentar enmiendas.
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No es el escenario que proyecta el gobierno, que pide respetar lo pactado. Moncloa está en desventaja porque debe presentar el decreto en el Congreso el mes próximo y la falta de respaldos es patente. La tramitación resulta clave y entre las opciones que maneja el Ejecutivo está la aceptación de modificaciones sin alterar el espíritu de la reforma pactada con empresarios y sindicatos.
Una fuente parlamentaria que ha trabajado en el proyecto asegura a este medio que "la posición de Bildu y de ERC está mediatizada por la propia realidad sindical vasca y catalana". "Además de los dos grandes sindicatos estatales, CCOO y UGT, están los sindicatos propios que tratan de marcar posición propia en su propio tablero político y sindical en Cataluña y el País Vasco", dice. El Ejecutivo deberá equilibrar ahora entre los empresarios, los sindicatos y los socios parlamentarios para que la reforma prospere.