Empresarios y el PP buscan condicionar los 10.000 millones del fondo de recuperación
La Unión Europea concretó este lunes el desembolso del primer tramo del fondo comunitario de recuperación y tanto los empresarios como la oposición intentan incidir en la implementación de los 10.000 millones de euros. El monto responde al cumplimiento por parte de España de 52 hitos vinculados con temas fiscales y laborales, la administración pública y legislación ambiental.
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El presidente Pedro Sánchez confirmó que "el Tesoro ya ha recibido los primeros 10.000 millones de euros de los fondos Next Generation" y sostuvo que "avanzamos con decisión en el despliegue del Plan de Recuperación para llevar el progreso a todas las personas, sectores y territorios". El líder del Ejecutivo deberá acordar con las CCAA el destino de los fondos, pero los agentes sociales y la oposición también quieren formar parte del debate.
El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Bonet, pidió reducir la crispación política para poder implementar los fondos con "sentido común". "Ahora hay una oportunidad histórica que no se puede desaprovechar gracias a los fondos Next Generation y hay que buscar consensos porque la transformación económica requiere de mucho esfuerzo", indicó.
En ese sentido, el expresidente de Freixenet pidió evitar "medidas de orden fiscal o laboral que puedan perjudicar" a los empresarios. En relación con la reforma fiscal que el gobierno prepara para 2022, Bonet sugirió que se hable "no sólo de los ingresos, sino también de los gastos". El empresario sabe que una próxima partida dependerá de una serie de reformas y busca que la patronal tenga mayor injerencia en la discusión.
Pero mientras para Bonet los fondos de Next Generation pueden ser útiles para las empresas que aspiran a la digitalización y a la sustentabilidad, e incluso para el tejido industrial mismo, el líder del PP tiene una visión menos positiva. Pablo Casado atribuyó la marcha de la economía española a la gestión de Sánchez y llamó a cambiar de recetas.
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"Nuestra solución es bajar impuestos, reducir el gobierno a la mitad y flexibilizar la contratación", lanzó el líder de la oposición, en momentos en que el Ejecutivo de Sánchez busca sacar adelante la reforma laboral acordada con los empresarios y los sindicatos. Las modificaciones en los ámbitos laboral, fiscal y de las pensiones son claves para asegurar el desembolso del próximo tramo. Pero más allá de la influencia que ensayan los empresarios y el rumbo que intenta marcar Casado, la palabra de las CCAA será otro factor que Sánchez deberá atender al momento de planificar el destino de los fondos.