Crisis migratoria

La justicia investiga al Gobierno por la devolución de menores migrantes marroquíes

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dijo que hubo un accionar acordado con Marruecos.

La crisis migratoria con Marruecos sigue generando dolores de cabeza al Gobierno de España. En esta ocasión, el ojo está puesto en la metodología implementada para devolver a menores que ingresaron a Ceuta de forma ilegal.

La Fiscalía dio un plazo al ministro de Interior, Fernando Grande Masrlaska, para que aclare si fue su departamento quien ordenó los traslados de los menores marroquíes que permanecen en Ceuta desde la crisis migratoria desatada en mayo.

El tribunal ha dado un plazo de 24 horas para que certifique si es verídica la comunicación dirigida a la Delegación del Gobierno de Ceuta para proceder al "retorno asistido" -como los califica el ministro- de los menores a Marruecos.

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"Sí, hemos recibido esa comunicación. Estoy tranquilo", ha reconocido el ex magistrado de la Audiencia Nacional en una entrevista concedida a Radio Nacional. Y dice sentirse "tranquilo" porque los retornos están amparados en el acuerdo de 2007 entre España y Marruecos en materia de inmigrantes menores y se trata, según sus palabras, de "una actuación coordinada" entre distintas administraciones.

El requerimiento por parte de la justicia se enmarca en la tramitación de un recurso presentado por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado por la supuesta vulneración de derechos fundamentales por la instrucción de Interior que avala el retorno de menores desde Ceuta a Marruecos. Ambas entidades reclaman que se suspendan cautelarmente esos traslados.

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De hecho, los traslados de todos los menores marroquíes están paralizados desde anoche y durante las próximas 72 horas después de que una jueza de Ceuta aceptase las medidas cautelares que exigían los representantes jurídicos de cinco niños que denunciaron que su traslado a la frontera por parte de la Policía era una detención ilegal.

La petición que realiza la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que tramita el recurso de las entidades que defienden a los inmigrantes es el paso previo para decidir si sigue adelante con el caso, ya que la red de inmigración solo hizo alusión a él por la publicación de su contenido en los medios de comunicación.