Castells abre las puertas del Gobierno a Bildu

Manuel Castells es uno de los ministros que suele contar con la agenda más despejada, pero este lunes cerró una reunión en su Ministerio que ha sorprendido a propios y extraños: representantes de Bildu fueron convocados para una negociación entre el Gobierno y el partido abertzale para sacar adelante la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU)

Tal y como consta en la agenda del Ministerio de Universidades, el encuentro se fijó para las cuatro y media de la tarde, y tiene un claro objetivo: acercar posturas para que la citada ley orgánica cuente con los apoyos parlamentarios suficientes el día en el que el Ejecutivo la presente ante el Congreso.

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Cabe recordar, en ese sentido, que el Gobierno ya ha adelantado a la UE que el próximo otoño tendrá listo el anteproyecto de la LOSU, cumpliendo de esta forma con uno de los compromisos del Ejecutivo con Bruselas a cabio de recibir los 70.000 millones de ayudas directas del Plan de Recuperación.

Dentro de las reformas estructurales recomendadas desde Europa para España, la del sistema universitario es una de ellas. La UE considera que la Ley Orgánica de Universidades, aprobada en 2001, ha quedado desfasada y es necesario que el país apruebe una nueva normativa para adaptarse a las transformaciones vividas en los últimos 20 años en el ámbito universitario.

Con el antecedente de la Ley Celaá muy reciente, el Gobierno es consciente de que tendrá que buscar los apoyos a la LOSU entre los socios de investidura, al verse imposible un gran pacto con el PP.

En los últimos meses, Bildu se ha convertido en una apoyo indispensable para el Gobierno, que ha sacado adelante importantes decretos y también los Presupuestos Generales del Estado con el apoyo del partido abertzale. Ahora, el objetivo de Manuel Castells es que los diputados independentistas vascos respalden la LOSU cuando llegue al Congreso.

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El ministro es consciente de lo apretado de los plazos y ya ha contactado con diferentes partidos y también con personalidades del mundo universitario para acordar la redacción de la ley. Entre los puntoos que levantan más controversia están la gestión de las ayudas a la investigación por parte de la UE y la limitación de los mandatos de los rectores.