Apuestan a una Ley del Congreso para destrabar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura
La sanción de una Ley en el Congreso durante sesiones extraordinarias aparece como la única solución posible para que el Consejo de la Magistratura pueda seguir funcionando a partir de abril. El Senado ya tiene el proyecto del Gobierno y en Presidencia pedirían que se trate entre enero y febrero.
A fines de diciembre la Corte le dio 120 días corridos al Consejo para restituir el "equilibrio" entre las distintas corporaciones que lo integran, transcurrido ese plazo las decisiones del organismo serán consideradas nulas. Académicos y abogados ya adelantaron que no podrán cumplir con los plazos.
El Consejo no solamente tiene la función de seleccionar y remover jueces, sino que también maneja el presupuesto de la Justicia y por ende los sueldos de los empleados judiciales. "Si la Magistratura no funciona los judiciales no van a poder cobrar el sueldo, imagino que nadie quiere llegar a eso", explicó una fuente judicial a LPO.
Desde el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y desde el Consejo Interuniversitario Nacional adelantaron que no podrán elegir a sus representantes en el tiempo previsto.
Jorge Rizzo, líder de Gente de Derecho y ex presidente del CPACF, explicó que es "imposible" organizar en menos de cuatro meses la elección de uno de los representantes de los abogados entre más de 50 mil matriculados. "Me parece que no es lógico organizar una elección con este nivel de contagios", dijo Rizzo. Además señaló que el Colegio no tiene una partida destinada a la organización de las elecciones.
Cristina Kirchner y Sergio Massa tienen la llave para destrabar el conflicto en el Consejo de la Magistratura.
En el Consejo Interuniversitario señalaron que antes de elegir un nuevo representante del estamento académico deben reformar su estatuto, algo que sucederá en febrero, y luego realizar un plenario de rectores, previsto para abril.
Para completar los 20 miembros de la vieja composición deben sumarse a los actuales consejeros, un senador, un diputado, dos abogados, un juez y un académico, además de Rosatti, titular de la Corte. Los magistrados ya dijeron que pondrán en marcha la selección de un representante entre sus 900 afiliados. La FACA, que reúne a los abogados del interior, también dio el visto bueno, aunque si no están todos los nuevos miembros no será suficiente.
En una entrevista, el titular de la Corte, Horacio Rosatti, dijo que era "razonable" el plazo de 120 días para que el Congreso sancionara una nueva ley para cambiar la composición del Consejo. "La capacidad organizativa de cada uno de los estamentos para cumplir con el fallo de la Corte se verá en estas semanas o habrá una nueva ley que guarde el equilibrio", fue la respuesta de Rosatti al diario Clarín.
"Coincidimos con Rosatti, ese plazo es razonable para que se sancione una ley, pero el Presidente de la Corte no respondió ninguna de las cuestiones que planteó el Colegio para resolver las elecciones", explicó Rizzo a LPO. "Si la Corte tiene una solución para las elecciones, sería bueno que nos la diga", comentó.
Según pudo saber LPO, la alternativa más viable es que el Congreso sancione una ley durante las sesiones extraordinarias. En esa normativa puede haber una cláusula transitoria para que los actuales representantes continúen hasta las elecciones de sus estamentos.
Según se informó Telam la nueva ley contempla elevar el número de consejeros de los 13 actuales a 17: esa cantidad se compondría de cuatro jueces, seis legisladores, cuatro representantes de los abogados de la matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes del ámbito académico y científico.
Como explicó este sitio, el proyecto que tiene el Congreso, con mínimas modificaciones del Gobierno, había sido elaborado en 2017 por el CPACF y en su momento logró traspasar la grieta: consiguió el apoyo del entonces ministro Germán Garavano, del peronismo, de la Justicia en general y de la Corte en particular. Sin embargo pocas horas antes de que se presentara en el Congreso, un operador judicial del macrismo le comunicó a Rizzo, el principal actor del Colegio, que no seguirían adelante con la reforma porque "el dibujo actual" le servía a Mauricio Macri.