México vive una "crisis forense" con más de 52 mil cuerpos sin identificar
Durante la conferencia mañanera realizada en Palacio Nacional, el subsecretario de Derechos Humanos de México, Alejandro Encinas, informó que hay en nuestro país más de 95 mil personas desaparecidas y se registran ya 52 mil cuerpos sin identificar en fosas comunes y en morgues del Estado, además hay más de 90% de impunidad en homicidios dolosos cometidos contra periodistas, lo cual calificó como una "crisis forense".
"Tenemos cinco centros de resguardo temporal, con lo que estamos alentado como enfrentar de manera muy firme la crisis forense", dijo Encinas Rodríguez. "Basta ver solamente los resultado del Censo que hizo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en 2020 de cómo ubicó 9,400 cuerpos de personas fallecidas en las cameras frigoríficas en las planchas de los servicios forenses de los estados".
El funcionario de la Secretaría de Gobernación informó de todas las acciones que ha emprendido para garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Y anunció que se creará un Centro Nacional de Identificación Humana, "para poder atender el rezago en esta materia que existe para establecer mecanismos de identificación masiva, se están haciendo ya los primeros ejercicios".
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Ante el problema, presumió de "cifras sin precedentes" del actual Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con cerca de 2,200 jornadas de búsqueda realizadas hasta ahora en 28 estados y 314 municipios. En total, el Gobierno Federal ha invertido más de 6,103 millones de pesos en derechos humanos, de los que más de 1,200 millones de pesos han sido de labores de búsqueda.
"Esperemos avanzar pronto en el Centro de Identificación Humana porque lo que necesitamos es tomar medidas que nos permitan atender estos conflictos de carácter estructural, que se fueron incubando durante muchos años y está siendo difícil revertirlos", agregó Encinas.
Finalmente, detalló que a la fecha se han presentado 1,798 solicitudes de amnistía, de las cuales 44 personas están en libertad tras la aprobación de la Ley de Amnistía, la cual se decretó a favor de aquellas personas que hayan sido objeto de un proceso inadecuado en donde ya existe sentencia firme.