La polémica por la ley de envases trabó la última sesión de Diputados
El pasado viernes, los diputados del Frente de Todos fueron convocados para estar en Buenos Aires el lunes y sesionar el martes, pero ni bien empezaron a embarcar supieron que el recinto quedaría cerrado otra semana más, porque Máximo Kirchner prefirió esperar a negociar con mejor suerte la ley de envases que la oposición resiste.
Por ahora, no tiene los votos. Juntos se unió en el rechazo, con un dictamen en contra y una audiencia pública con empresarios que se oponen, que organizó Luciano Laspina, del PRO, pero tuvo la participación de los jefes Mario Negri y Cristian Ritondo.
Tampoco quieren votarla los partidos provinciales que garantizan el quórum, como Juntos Somos Río Negro, que ahora tiene una banca pero desde el 10 de diciembre sumará otra.
Graciela Camaño, referente del interbloque federal, fue una de las expositoras en contra en la comisión, que fue seguida de cerca por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Sus principales empresas de gaseosas son las que más rechazan la ley.
El kirchnerismo se pelea con las empresas de Estados Unidos por la ley de envases
Máximo no convocó a la sesión pese a que hay otros proyectos de ley con dictamen de todas las fuerzas políticas y algunos de mucho interés en la Rosada, como el de producción de cannabis medicinal a escala industrial.
También espera la ley de agricultura familiar, la de neumáticos fuera de uso y la actualización de multas por mala utilización de residuos peligrosos, que están congelados en australes. Deberán esperar una semana más, o tal vez una semana más, con la nueva composición de la Cámara.
Pero en ese caso muchos dictámenes podrían caer y obligaría a volver a reunir la comisión, un trámite innecesario que ningún bloque quiere pasar, pero que el oficialismo no lo descarta por la sencilla razón de que el 10 de diciembre la relación de fuerzas seguirá igual. Sólo se sumarán figuras nuevas.
La ley de envases es rechazada por las empresas alimenticias porque las obliga a pagar una tasa del 3% por cada uno que produzcan sin destino de reciclado. El dinero tiene como destino la producción de plantas de reciclado en los municipios.
Máximo y sus dirigidos que promueven la norma, como el presidente de la comisión de recursos naturales Leonardo Grosso, repiten que si las empresas garantizan el reciclado no pagarán nada, pero no las conforma. Tampoco Juntos por el Cambio. Y por ahora no hay sesión.