Juntos rechaza la ley de envases del Gobierno porque le cobra una tasa a las empresas
La ley de envases presentada por el Gobierno tuvo dictamen en Diputados sin respaldo de Juntos, que se negó a firmar porque no está de acuerdo en cobrar una tasa a las empresas para invertirla en programas de gestión ambiental de residuos.
Tampoco estuvo de acuerdo Graciela Camaño, del peronismo federal, para quien la tasa es "anticonstitucional" porque se invertirá en los municipios sin pasar por las provincias. "Las empresas van a ir a la justicia", vaticinó, durante una reunión de la comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente.
El proyecto también fue girado además a las comisiones de Agricultura y de Presupuesto, en la que se tratará este miércoles. El oficialismo tiene previsto llevarlo al recinto en la próxima sesión, pero necesita hacer bien las cuentas porque Juntos votará en contra e insistirá con un viejo expediente que omite el cobro de una tasa.
El impuesto fue defendido por Candela Nassi, jefa de Gabinete de Control y Monitoreo Ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación; y por Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental,
"Creemos que la tasa es realmente un diferencial de otros proyectos, porque la fórmula surge de un trabajo interdisciplinario y con diferentes actores que tienen que ver con el mercado de los envases", sostuvo Nassi.
"Se dijo que la tasa funcionaría como algo que exime de responsabilidad. Yo interpreto que el productor que paga la tasa no se estaría sacando el problema de encima. Nos parece que la condición de un sistema mixto es central para esto", se defendió Federovisky, quien mantuvo varios cruces con diputados opositores.
"Las que piden no pagar las tasas son las empresas multinacionales, que las abonan en otros países", se despachó Grosso a DTV, cuando la reunión había terminado, casi sin opositores en sus bancas. Aclaró que la tasa servirá como promoción de reciclado, porque quien cumpla con ese proceso no la pagará.
La ley crea el sistema Nacional de Gestión de Envases (SINAGE), con la misión de promocionar sistemas locales de gestión integral de envases aprobados mediante una plataforma digital que monitoreará cada planta del país.
Las empresas tendrán una serie de obligaciones como utilizar envases que minimicen la generación de residuos, declarar los que tengan en funcionamiento e informar los planes vigentes para el reciclaje y la reutilización.
Pero toda la polémica se centró en el Fondo Nacional para la Gestión de Envases y Reciclado Inclusivo (FONAGER), financiado en un 80% con la tasa ambiental de responsabilidad extendida, que será de un 3% del precio mayorista de venta del producto envasado.
"Hay sectores que prefieren pagar la tasa, este nuevo impuesto que está promoviendo este dictamen que someten a discusión, antes que realmente entablar un compromiso con gestión integral. Pareciera ser que con solamente pagar la tasa el productor está exento de responsabilidad", sostuvo la radical Brenda Austin, vice de la Comisión.
La ley también contempla la participación de recicladores, con planes de inclusión que los incorporen en los nuevos centros de procesamiento y estuvieron representandos por Jaqueline Flores. "Nadie se merece perder la vida en un basural a cielo abierto"
Camaño no soportó el golpe bajo. "Van a seguir siendo trabajadores en negro, porque no somos capaces ni siquiera de poner un párrafo que diga que van a tener ART o las posibilidades de tener un servicio médico cuando les pasa algo".
El radical Gustavo Menna dijo que las tasa no se cobran más en el mundo "porque no sirven", pero al oficialismo no lo convence. "Es un orgullo enorme tener esta ley de gestión de envases que impulsa la economía circular, incluye la responsabilidad de los productores y garantiza derechos laborales para los cartoneros", desafió Daniel Vilar. El debate seguirá en la Comisión de Presupuesto. Y en el recinto.