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En la OEA, Argentina no votó una resolución a favor de la libertad de presos políticos en Nicaragua

El embajador argentino en la OEA, el kirchnerista Carlos Raimundi, se abstuvo en la votación. Muchos de los presos políticos son candidatos opositores para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.

El Gobierno se abstuvo en una votación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que exige "la liberación inmediata" de los opositores al gobierno de Daniel Ortega detenidos en Nicaragua en la previa  de las elecciones del 7 de noviembre en la que el líder sandinista buscará su cuarto mandato consecutivo. 

La resolución contó con  26 votos a favor, es decir, el grueso de los países integrantes del organismo multilateral y entre los que se incluyen los aliados de Argentina en el Mercosur, y siete abstenciones que evitaron pronunciarse a favor del reclamo hacia el gobierno del país caribeño. 

La Casa Rosada coincidió en su voto con Belize, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Barbados y México.

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Se trata de la segunda resolución que la OEA aprueba para insistirle a Nicaragua que libere a candidatos presidenciales y presos políticos, urgirle a que inicie reformas electorales. 

En junio, el Gobierno evitó condenar la violación a los derechos humanos en el país centroamericano pero aclaró que condenada las detenciones a los dirigentes políticos, muchos de ellos candidatos para las elecciones del 11 de noviembre. 

La Casa Rosada coincidió en su voto con Belize, Bolivia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Barbados y México.

En ese momento, como contó LPO, Cancillería difundió un comunicado conjunto con México en el que resaltan su compromiso "con el respeto y la promoción de los derechos humanos desde una concepción integral dentro de la cual están contenidos los derechos civiles, políticos y electorales -además del inalienable valor de la igualdad y los derechos económicos y sociales-, manifiestan su preocupación por los acontecimientos ocurridos recientemente en Nicaragua". 

"Especialmente, por la detención de figuras políticas de la oposición, cuya revisión contribuiría a que el proceso electoral nicaragüense reciba el reconocimiento y el acompañamiento internacional apropiados", añadía el documento. En esta ocasión, ni siquiera optaron por pedir la libertad.

Fuentes diplomáticas explicaron a LPO que "merece recordarse que la postura de nuestro país sobre la cuestión de las detenciones de figuras de la oposición fue expresamente destacada en el comunicado Conjunto emitido con México el 15 de junio pasado. Al respecto la Argentina dejó especialmente en claro su posición de preocupación por el respeto de los derechos humanos de manera integral (civiles, políticos y electorales) y se manifestó de manera puntual sobre la detención de figuras políticas de la oposición, rechazando de manera específica, como inadmisible, cualquier acto de persecución política".

"Es por ello que nuestro país refiere en su actual Comunicado que la Resolución aprobada contiene elementos a este respecto que son congruentes con nuestra posición y que se coincide con algunas de las apreciaciones del texto", justifican. Para la cancillería, hubo intencionalidad política de parte de Luis Almagro ante la cercanía de las elecciones.

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El embajador en la OEA, Carlos Raimundi, justificó su voto: "Más allá de que podamos coincidir con algunos tramos del texto, no consideramos pertinente acompañar esta declaración, la consideramos improcedente y extemporánea por razones similares a las que emitimos en el comunicado con México el pasado 15 de junio. Punto".

Raimundi, que reporta al Instituto Patria de Cristina Kirchner, ya se había negado a votar una declaración de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, contra el gobierno de Nicolás Maduro. Luego fue desautorizado por el entonces canciller, Felipe Solá. 

Carlos Raimundi, embajador en la OEA.

Las posturas del Gobierno en la OEA suelen coincidir con la de México en contra de las propuestas de la Secretaría General que conduce Luis Almagro, con quien López Obrador tiene una disputa abierta. 

El número de políticos detenidos por el gobierno de Nicaragua, se acerca a los 156, según los datos arrojados el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, un observatorio avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

Más allá de que podamos coincidir con algunos tramos del texto, no consideramos pertinente acompañar esta declaración, la consideramos improcedente y extemporánea por razones similares a las que emitimos en el comunicado con México el pasado 15 de junio. Punto

De los 156, 145 fueron capturados a raíz del estallido social de abril de 2018, mientras que 10 ya guardaban prisión desde antes. Entre los privados de libertad hay 10 mujeres, dos de ellas bajo régimen de casa por cárcel.

En ese marco, ocho opositores al gobierno del presidente Daniel Ortega fueron arrestados entre el 12 de agosto y el 23 de septiembre de este año, dos de los cuales recuperaron su libertad, mientras que seis continúan encarcelados. 

Las elecciones del 11 de noviembre que tendrá a Daniel Ortega como candidato del oficialismo para un cuarto mandato contará con un puñado de grupos minoritarios como alternativas opositoras y el proceso se encamina a no ser reconocido por la comunidad internacional. Recientemente, la Unión Europea anunció sanciones para la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo y siete funcionarios sandinistas.