El gobierno de Castillo amenaza con expropiarle a Techint el gasoducto de Camisea
El futuro del gas de Camisea está sobre la mesa. La nacionalización del yacimiento ha sido una de las promesas de campaña del presidente peruano Pedro Castillo, y ahora su Ejecutivo admite que podría renegociar el contrato con el consorcio privado que explota los pozos.
La idea reflotó luego de que el primer ministro Guido Bellido amenazara en Twitter con "la recuperación o nacionalización de nuestro yacimiento" si las empresas a cargo se niegan a "entregar una mayor cuota al Estado de las ganancias obtenidas". Si bien el presidente tuvo que salir a desmentir a su funcionario, dejó la puerta abierta a una renegociación.
"En este Gobierno del pueblo, estamos comprometidos con llevar gas barato a todos los peruanos. Cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho y velando por los intereses nacionales", escribió Castillo en la red social, en un intento por desmarcarse de Bellido y mostrarse amigable con el sector privado y las inversiones extranjeras.
Es que el socio mayoritario de Camisea es la empresa argentina Pluspetrol, que tiene el 27% de participación, seguida de la estadounidense Hunt Oil, con el 25,4%, la surcoreana SK Innovation, con 17,6%, y la también argentina Tecpetrol, la española Repsol y la argelina Sonatrach con 10% cada una. Y el consorcio aclaró ayer martes que el contrato tiene vigencia hasta 2040.
"Hay una disociación entre el primer ministro y el gobierno. Se contradicen o chocan, a veces muy directamente", dijo a LPO Eduardo Salmón, politólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). El partido con el que Castillo accedió a la presidencia, Perú Libre, está dominado por Vladimir Cerrón, un hombre formado en Cuba y admirador de Hugo Chávez.
Sin embargo, el presidente, que no tiene mayoría propia en el Congreso y cuyo gabinete se sustenta en otras fuerzas progresistas e independientes, se ha alineado con el ministro de Economía Pedro Francke, de perfil moderado. "Castillo se comprometió a respetar los contratos y la libre empresa para evitar las etiquetas de comunista", apuntó el analista.
Los expertos en energía coinciden en que la potencial nacionalización de Camisea podría perjudicar seriamente las operaciones del yacimiento, que genera más del 40% de la energía que se consume a nivel nacional y produce entre 43 y 48 millones de metros cúbicos de gas al día desde dos bloques gestionados por Pluspetrol y Repsol.
Avanzar en una decisión unilateral, además de violar la propia Constitución, enviaría un pésimo mensaje a los mercados y a los inversionistas. En todo caso, la polémica en torno al gas también muestra los límites del Estado peruano.
"Camisea es un globo de ensayo de la puja entre la correlación de fuerzas entre el Estado y el sector privado. Los contratos están y se pueden romper, pero todo contrato puede ser modificado si las partes se ponen de acuerdo. Las renegociaciones se dan cuando hay un Estado fuerte. Pero tenemos un Estado débil y actores cada vez más precarios", explicó Salmón.
Sin embargo, el yacimiento de Camisea ha ido ganando un lugar privilegiado en el imaginario de los peruanos, no solo porque redujo la dependencia energética del país, sino por una cuestión de soberanía. Sus pozos procesan más del 90% de la producción de gas natural de Perú, el cual es exportado a América Latina, Asia y Europa.
Pero el gas es un recurso estratégico y los peruanos del sur del país se quejan por los altos precios que deben pagar por su provisión, pese a que las inversiones han abaratado el precio en el resto de Perú y masificado la distribución. Tan solo en los primeros 15 años desde que inició sus operaciones, los cánones han representado el 0,5% del PIB del país sudamericano.
Para el investigador de la PUCP, "lo inexplicable de este gas es cómo se hicieron los contratos y los términos, por debajo de los precios internacional del gas, e incluso exportando más baratos que otros países". Con todo, la estrategia de Castillo consiste en negociar con el consorcio internacional que administra Camisea para atender la demanda, en especial en la región de Cuzco -donde se encuentra el yacimiento-, aunque también para impulsar sus programas sociales.
"Las reformas sociales tienen un costo y el ministro pretende que las mineras y el sector agroexportador se sometan a una reforma fiscal según las recomendaciones del FMI", remarcó Salmón. "El gobierno entraba con legitimidad y el trabajo de Francke abría la posibilidad de promover una renegociación, cuando la demanda en el sur es muy real. Pero probablemente con todo lo que ha pasado se pierda peso como Estado para tratar el tema".