Neuquén y Río Negro rechazaron aspectos centrales de la ley de hidrocarburos
El tratamiento de la ley de hidrocarburos a la que apuesta un sector del gobierno para estimular inversiones petroleras tuvo un comienzo accidentado en el Senado.
El secretario de Energía, Darío Martinez, presentó el proyecto en la Comisión de Energía y pudo medir con claridad la resistencia de las principales provincias petroleras, expresada por el rionegrino Alberto Wereltilneck y la neuquina Lucila Crexell.
Dario Martinez va al Senado a defender la ley de hidrocarburos
Weretilneck, que se ha convertido en un jugador clave del Senado para facilitar o complicar el quórum, cuestionó que haya beneficios distintos para las empresas que operan yacimientos de shale y las que lo hacen en convencionales. Y subrayó que el texto no especifica nada sobre las empresas que producen en Vaca Muerta.
Pero la crítica central apunta al artículo 41 que deja afuera a las provincias de la definición de beneficios. "la ley tiene un sentido unitario", afirmó el rionegrino y advirtió que "no se debe dejar en manos de la Secretaría de Energía la decisión de si el petróleo exportable es de una u otra cuenca".
Cuestionó además que se busque instrumentar un régimen de dos décadas: "Plantear un horizonte de 20 años en esta actividad no tiene en consideración que el país va a cambiar en ese lapso", opinó.
Fuentes del Gobierno explicaron a LPO que "la ley le otorga la discrecionalidad a la Secretaria de Energía sólo para autorizar quien y cuanto exporta. Una vez que el mercado interno se encuentra plenamente abastecido, la discusión esta centrada en el mercado exportable. Estamos hablando de divisas, competencia de la Nación".
Lucila Crexell, del poderoso Movimiento Popular Neuquino, afirmó que los beneficios que contempla la ley parecen haberse diseñado como un traje a medida de las grandes petroleras.
Crexell cuestionó los artículos 8 y 74 del proyecto que premian a las firmas que abastecen la mayor cuota del mercado local. "Esta norma respondería a una suerte de salvataje a la empresa de capitales mixtos públicos y privados", sostuvo en obvia referencia a YPF.
Según la legisladora la línea base fijada en los últimos doce meses castiga a los productores que más incrementaron su producción durante 2021.
La línea de base establece el punto de comparación incicial para medir la producción incremental sobre la cual se otorgan los beneficios.
"No tiene sentido poner la línea base en el período de plena pandemia cuando algunos operadores cerraron producción y pospusieron inversiones. La línea base perjudica específicamente a los productores que más crecieron en inversión y producción durante la pandemia, lo cual contrasta con el tratamiento beneficioso que reciben los productores integrados de crudos pesados", afirmó.
Las fuentes del Gobierno consultadas por LPO argumentaron que la ley se fija un plazo de veinte años de vigencia porque apunta a dar previsibilidad a un sector que demanda inversiones de cientos y miles de millones de dólares.
"Si beneficia a YPF, bienvenido sea. YPF es el mayor jugador del mercado. El que mas apuesta. El que tiene una responsabilidad social. Hay muchas localidades del país donde la única estación de servicio que abastece a la población es la de la petrolera estatal", agregaron.