El kirchnerismo quiere congelar las tarifas de telecomunicaciones por ley
El senador del Frente de Todos Alfredo Luenzo presentó un proyecto de ley para declarar internet como servicio público y de ese modo regular los incrementos de tarifas, como ocurre desde septiembre a través del decreto de necesidad y urgencia 690 firmado por Alberto Fernández. Pero además, el proyecto ratifica la neutralidad de la red, que impide a proveedores de internet cobrar tarifas diferenciales según el volumen de tráfico.
Luenzo preside la comisión de Sistemas, Comunicación y Libertad de Expresión y antes de iniciar la reunión de este miércoles, dedicada a escuchar expositores sobre "el espacio cívico en línea", anunció que unas horas más tarde presentaría un proyecto para "traducir" el DNU 690 en una ley.
"Esto implica un insumo más que vamos a aportar desde el ámbito legislativo para sumarnos a la decisión que ha tomado el presidente de ir por un marco normativo legal, firme, robusto, y que realmente el acceso a internet sea una realidad, no solamente en Capital, sino en todos los rincones de la Argentina", anunció el chubutense, que termina su mandato como senador en diciembre.
No es candidato a reelegir y uno de sus destinos posibles sería el de convertirse en uno de los directores del Ente Nacional de Comunicaciones, la Enacom, encargada de regular las telecomunicaciones, o sea, de aplicar el decreto vigente que congela las tarifas y cualquier ley sancionada que lo sustituya.
El mercado de telecomunicaciones del país lo dominan Telefónica, Américan Móvil (Claro ) y Telecom, propiedad del grupo Clarín, que desde el año pasado mantiene un duro enfrentamiento con el Gobierno.
Se agravará si prospera esta ley, que define a los servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones como "servicios públicos en competencia".
Obliga a aplicar precios "justos y razonables", que "deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación", pero serán regulados por la autoridad de aplicación, o sea, la Enacom.
El proyecto propone además que este organismo determine las prestaciones del servicio universal, un pax que debe garantizarse a los usuarios y ya estaba incluido en la ley de Argentina digital sancionada en 2014 y se pide establecer en condiciones de "igualdad".
"Tengo un gen revolucionario que nunca se apagó"
"El servicio universal debe asegurar el acceso de los habitantes de la Nación a los servicios esenciales de telecomunicaciones, sin importar sus circunstancias económicas, localización geográfica o limitaciones físicas", señaló Luenzo.
Plantea que será actualizado con periodicidad y en un plazo no mayor a 2 años en función de "las necesidades y requerimientos sociales, la demanda existente, la evolución tecnológica y los fines dispuestos por el Estado nacional de conformidad con el diseño de la política de las TIC, las que promoverán medidas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones".
Ratifica la neutralidad que rige desde 2014 pero agrega la gratuidad en la distribución de servicios educativos, el método que usaron las escuelas en la pandemia para reemplazar las clases presenciales.
"La conectividad es el eje central de nuestras vidas. Tal vez la Capital Federal vive una situación natural en su realidad con internet, pero esta no es la realidad que tiene el interior, donde el mercado no lo puede resolver", señaló el senador en la comisión, poco antes de presentar el proyecto.
Y enfatizó en que "la brecha digital que tenemos en Argentina es alarmante. Hay provincias como el caso de Formosa, que apenas el 30% tiene acceso a la conectividad. Provincias como las nuestras, en la Patagonia argentina, donde rondamos el 40% y 50%. Y esto significa lisa y llanamente, en un marco de pandemia como estamos viviendo, ser excluidos del sistema educativo, de salud, del trabajo y economía del conocimiento".