Nación promulgó la nueva ley de biocombustibles y hay expectativas en el sector pyme
El gobierno de Alberto Fernández publicó este miércoles la nueva ley de biocombustibles, una norma muy debatida por su implicancia en las economías regionales, nacionales y de exportación.
En tal marco, y aunque aclarando que todavía falta su reglamentación, el texto colgado en el Boletín Oficial tiene el visto bueno de los productores que trabajan en la destilación de aceite de soja u otros derivados.
Este pequeño optimismo responde al mero hecho de promulgación de la nueva norma, dado que deja atrás la antigua reglamentación redactada cuando la situación regional era distinta, y que ya estaba vencida.
Otro dato alentador es que el texto firmado por la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, no desoye los reclamos de los productores provinciales, puesto que deja las puertas abiertas para que la reglamentación sea acorde a las exigencias locales.
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Esta instancia es tomada como una oportunidad de doble filo, dado que las disposiciones finales podrían modificar los porcentajes sugeridos, y los topes mínimos fijados por la ley podrían terminar perjudicando a quienes necesitan colocar más de 1.500 toneladas mensuales de su producción en el mercado.
Los productores lamentan no obstante la capacidad de injerencia que tendrá la Secretaría de Energía que, como autoridad de aplicación, tendrá potestad para "regular, administrar y fiscalizar la producción, comercialización y uso sustentable de los biocombustibles".
Es justamente con el titular de esta cartera, Darío Martínez, con quien los sectores pymes e industriales vienen negociando el pulido final del texto e insistirán en que la asignación mensual "no sea menor a las 1.500 toneladas" y que el porcentaje de corte "nunca baje del cinco por ciento".
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Quienes también desean salir beneficiados por la reglamentación son las cerealeras como Cargill y Dreyfus quienes, ya sin la posibilidad de frenar el proyecto inicial, no quieren perder beneficios para sus grandes factorías dedicadas a la producción de biocombustibles.
En concreto, la nueva ley reduce a la mitad el corte obligatorio de biodiesel para gasoil que pasará del 10 al 5 por ciento, mientras que para las naftas se estableció un porcentaje obligatorio de bioetanol de 12 por ciento, repartido en 6 por ciento para los combustibles elaborados en base a la caña de azúcar y 6 por ciento para el maíz.
También establece exenciones impositivas en el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura, y en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
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Los biocombustibles tampoco serían alcanzados por la tasa de Infraestructura Hídrica, por el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y el Gas Natural, por el impuesto denominado sobre la transferencia a título oneroso o gratuito, o sobre la importación de gasoil.
Tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, pero el presidente de turno podrá extenderlo, por única vez, por cinco años más.