Reclaman mayores beneficios para las pymes en la reglamentación de la ley de biocombustibles
La disputa por la ley de biocombustibles tiene un nuevo capítulo político en lo que refiere a su reglamentación. Los empresarios e industriales de diferentes sectores vienen pujando por un texto acorde a sus necesidades, y en Santa Fe, una de las provincias más importantes en producción de biodiesel y aceite de soja, no quieren ceder terreno.
El conflicto pasa por establecer cuánto biodiesel deberán utilizar las petroleras para cortar el combustible destinado al consumo local, el cual podría quedar fijado en un cinco por ciento (o menos), cifra que obligaría a reducir drásticamente la capacidad de producción de muchas empresas regionales.
Esto significaría un problema para el sector, fundamentalmente para aquellas firmas que tienen capacidad de producción mensual cercana a las 18 mil toneladas, quienes esperan que la ley establezca un cupo mínimo obligatorio de 1.500 toneladas destinadas a las petroleras.
Este planteo será llevado hoy al despacho del propio Darío Martínez, secretario de Energía nacional, quien se reunirá con representantes de la Cámara Santafesina de Energías Renovables (Casfer) y de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustible (Cepreb).
Allí hablarán sobre los detalles de la reglamentación de la ley sancionada hace ya casi un mes, y los productores regionales irán con un planteo que consideran vital "para no volver económicamente inviable a las empresas locales".
[ El Senado sancionó la ley de biocombustibles pero le exigió cambios a Alberto ]
Debe recordarse que los productores santafesinos reclaman una ley de biocombustibles que les de mayores garantías, motivo por el que celebraron cautamente la aprobación final del proyecto oficialista. "Al menos nos da previsibilidad", expresó Marcelo Kusznierz de la Unión Industrial de Santa Fe (UISF) tras conocer la sanción.
Los industriales santafesinos entienden que la ley establece marcos generales aceptables, pero que le deja demasiadas puertas abiertas a la reglamentación, entre ellas las cuestiones claves ya mencionadas. Por eso su exigencia es que la asignación mensual "no sea menor a las 1.500 toneladas" y que el porcentaje de corte "nunca baje del cinco por ciento".
Por el momento el Frente de Todos, bloque impulsor de la normativa en el Congreso, ya manifestó su intención de "reservar para las pymes la provisión de biocombustibles para el corte local de naftas y gasoil".
También fue todo un gesto el discurso del legislador rosarino Marcos Cleri, quien en asamblea legislativa denunció a las grandes exportadoras por aprovechar las reglas de juego vigentes (sean o no legales) para "realizar triangulaciones de ventas a Europa y evadir impuestos".
[ El lobby de Cargill y Dreyfus detrás de las presiones para prorrogar la ley de biocombustibles ]
Pero las multinacionales también tienen fichas desplegadas en el tablero, y su voz está garantizada por una oposición que ya trabajó en su momento para frenar la nueva ley. A esta presión debe sumársele la de las petroleras, quienes también tienen llegada a buena parte del arco político nacional.
De hecho los sectores santafesinos reniegan del propio Martínez, a quienes acusan de gestionar a favor de las petroleras y cuyas medidas -dicen- tiene paralizado al sector. Es por ello que piden además que la reglamentación no le deje "la mano muy libre" al Estado.